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Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades


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Martín Caparrós. Cataluña: la independencia sigue pendiente

puidemont

El martes 10 de octubre, el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, experiodista, exalcalde de la pequeña ciudad de Gerona y dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña, un partido de centroderecha, medio declaró la independencia de Cataluña. O, mejor: declaró que, con el tiempo, va a declarar la independencia. Y sugirió que todo se podía negociar. No podía declarar la independencia inmediata porque su capital político está en baja; no podía no declararla si quería conservar su lugar, si no quería declararse derrotado.

Hace apenas unos días, el domingo 1 de octubre, mientras las imágenes de policías españoles pegando a ancianas catalanas daban vueltas al mundo, su causa parecía al borde del triunfo. Entonces empezó la contraofensiva del gobierno central.

La encabezó un discurso del rey Felipe VI, que reafirmó que ni ese gobierno ni su corona pensaban negociar con los independentistas. Pero la definió una ofensiva conjunta del Estado español y las mayores empresas catalanas. El miércoles 4, el gobierno emitió un decreto que facilitaba la mudanza de esas corporaciones; de inmediato, las sedes de los dos mayores bancos —Caixa, Sabadell— y las empresas de agua y gas de Cataluña abandonaron la región. La democracia a veces funciona así: millones votan un voto cada uno y unos pocos con sus millones valen lo que millones de votos.

La partida de los grandes bancos fue una cascada de agua fría sobre el entusiasmo de muchos independentistas, que se declaraban dispuestos a dar todo por la patria salvo su cuenta de ahorro, sus vidas europeas. Y fue un alud de nieve sobre el presidente Carles Puigdemont y su partido, históricamente ligados a esa banca que los estaba abandonando.

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Manuel Ferrer Muñoz. Dos acotaciones al artículo de Carles Puigdemont en The Washington Post

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Una distorsionada imagen de la Guerra de Sucesión

 “Después de tres siglos bajo dominio español, el 1 de octubre, los ciudadanos de Cataluña tendrán finalmente la oportunidad de ejercer su derecho a la autodeterminación”. Estas declaraciones, con que se abre el artículo publicado recientemente en The Washington Post por el presidente del Gobierno de Cataluña (https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/09/22/sorry-spain-catalonia-is-voting-on-independence-whether-you-like-it-or-not/?utm_term=.29964bdbfb08), constituyen una temeraria mixtificación de la realidad histórica, que es preciso desenmascarar, en la medida en que una propaganda sistemática llevada a cabo durante un prolongado período de tiempo ha calado en un sector importante de la ciudadanía, que ha aceptado como cierto lo que no deja de ser una gigantesca falsedad.

Cuando Puigdemont  se lamenta por esos “tres siglos bajo dominio español”, se refiere al desenlace de la Guerra de Sucesión (1701-1713) -¡no de Secesión!-, que enfrentó a los partidarios del archiduque Carlos de Habsburgo, al que apoyaba el Principado de Cataluña -integrado en la Corona de Aragón-, con los sostenedores de los derechos del heredero testamentario de Carlos II, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y miembro de la casa de Borbón, al que los catalanes habían sostenido en un primer momento.

De modo muy diferente a como se presenta en la vieja y nada fiable historiografía romántica, la Guerra de Sucesión fue una contienda española y europea, en la que Cataluña apoyó a uno de los candidatos al trono español, que, a la postre, sería derrotado. Nada que ver con la existencia de un pueblo conquistado y privado de sus libertades. La victoria de Felipe de Anjou significó la imposición del modelo centralista francés sobre el foralista preconizado por Carlos de Habsburgo, y comportó para Aragón (y, consiguientemente, para Cataluña) la pérdida definitiva de sus fueros, la disolución de sus órganos políticos y la imposición del centralismo castellano. Pero antes y después de la Guerra de Sucesión Cataluña formaba parte del Estado español. Más aún, nunca, a lo largo de su historia, llegó a configurarse como una entidad soberana, independiente de una instancia superior.

Y tampoco debe olvidarse que, a pesar de la política adoptada por el nuevo monarca a partir de 1714, el final de la guerra propició la revolución económica en Cataluña: primero, en el ámbito agrícola-mercantil y, luego, en un marco que Pierre Vilar caracterizaría de protoindustrial.

Segunda mixtificación en que incurre Puigdemont

Carece asimismo del más elemental fundamento jurídico y moral la invocación del derecho a la autodeterminación externa de los pueblos, susceptible de desembocar en una secesión del Estado de que forman parte. En efecto, cuando la ONU se pronuncia sobre ese derecho se refiere al caso de pueblos sujetos a dominación colonial, o de poblaciones sometidas a otras formas de dominación u ocupación extranjera: nada que ver, por cierto, con la situación de España, a no ser que, llevado por su extremismo, Puigdemont considere a Cataluña como una colonia.

Lo que sí resulta aplicable al caso catalán es la normativa de Naciones Unidas que reconoce el derecho de autodeterminación, pero en sentido interno, entendido como el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y la efectividad de tales derechos y libertades, que fundamentan la aspiración de los pueblos a que sus ciudadanos persigan libremente su desarrollo económico, social y cultural, se realicen políticamente, voten en elecciones democráticas y participen en las instituciones.

Tampoco sería irrelevante a este propósito recordar que el Parlamento catalán rechazó en su momento el derecho de autodeterminación de palestinos, kurdos y saharauis. Pero eso es otra historia.