La renuncia de Iglesias no significa que abandone el activismo político y los medios de comunicación que son su gran pasión. Todo lo contrario. Una vez resuelta su vida y alejada cualquier preocupación económica se dedicará a esas cosas que son las que más le gustan. En lo que respecta a la vida académica no tengo ninguna duda de que ya se encargarán en la Complutense, donde la izquierda tiene mucho peso y poder, de organizarle, si quiere, un plácido acomodo. Iglesias ha demostrado que era una «burbuja mediática» que ha llegado a su fin, porque le faltaba consistencia y solidez. Este término se utiliza en economía para definir procesos especulativos en los que un valor o producto tiene una subida anormal, prolongada e incontrolada. A lo largo de la historia encontramos numerosas burbujas especulativas y una de las que siempre me han resultado fascinantes, por su carácter absurdo e irracional, es la de los bulbos de tulipán en Holanda en el siglo XVII. Lo sucedido con Iglesias responde a ese patrón. Con motivo del movimiento del 15-M y la crisis económica irrumpió una generación de jóvenes airados y revolucionarios que venían a cambiar el mundo. Lo único que consiguieron fue mejorar sus vidas y mucho.

A Iglesias le gustaba la televisión, pero era un «amor» recíproco porque funcionaba muy bien como fenómeno mediático. Y se creó esa burbuja que empezó a crecer tras el inesperado resultado de los cinco eurodiputados. A partir de ahí se «emborrachó» de éxito y dio rienda suelta a su soberbia, como les sucedió a los barones del petróleo que consiguieron grandes fortunas entre finales del XIX y principios del XX. La mayor parte la despilfarraron, porque no eran más que nuevos ricos. Es lo que le ha sucedido a Iglesias que llegó al Olimpo de La Moncloa, pero no supo gestionar su éxito. A la política hay que venir llorado de casa. Es curioso que ahora se queje de haber sido blanco de críticas y ataques quien hizo de la agresividad verbal, los gestos extremos y la sobreactuación su imagen de marca. La humillación que ha sufrido de manos de Mónica García demuestra que había otro camino para la izquierda radical sin necesidad de utilizar un lenguaje violento y barriobajero. No era necesario acudir a viejos conceptos trasnochados. La «burbuja mediática» ha finalizado y ahora tendremos que esperar su reinvención, porque Iglesias necesita ser el protagonista y dudo que renuncie a ello.

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Sería fácil acumular ejemplos que muestran la contradicción entre lo que Podemos proclama y lo que practica -afortunadamente hay que habar ya en pasado- el que fuera su líder hasta el batacazo electoral del 4 de mayo.

A la postre, esas incoherencias lo han conducido al precipicio, por mucho que quiera achacar su caída en desgracia a los tabernarios fascistas tan caros al señor Tezanos.

Si nos preguntamos qué dice el código ético de Podemos sobre las remuneraciones o cesantías de los miembros del partido que dejan de ejercer un cargo público, advertiremos la flagrante oposición entre las palabras y los hechos del fugaz aprendiz de brujo.

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Durante una entrevista en Radio Televisión Española, el 9 de abril, Iglesias justificó la percepción de su indemnización. “Hay algunos que piensan que nosotros no tenemos derecho a lo mismo que el resto que ha estado antes en posiciones de Gobierno”, dijo. Sin embargo, el código ético de su partido, que se puede consultar en su página web, establece “la obligación de no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo”. Según el documento, “quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de un empleo público retomarán con carácter definitivo el último puesto del que fueran titulares definitivos u otro puesto equivalente en términos de salario, dedicación, área de actividad y localidad”. Si no tenían un empleo público, “cobrarán la prestación por desempleo que les corresponda”.

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En SAICSHU tenemos claro que el objetivo de este blog es de carácter académico y no político. Y ésta es la razón por la que nos resistimos inicialmente a incluir esta publicación que, finalmente, hemos recogido, por considerarla de suma importancia. En una entrada posterior argumentaremos con detalle el porqué de esta inclusión y de otras que seguirán.

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El enconamiento de la vida pública, el brutal recrudecimiento de la pulsión cainita que habita en el pueblo español tiene un culpable cuyo nombre destaca por encima de cualquier otro: Pablo Iglesias. Él es el principal responsable de la crispación que preocupa a ocho de cada diez ciudadanos, según la encuesta publicada ayer en ABC. Él agita las aguas de la política con sus acusaciones infundadas, sus constantes provocaciones, sus bravatas y su chulería, redobladas estos días a fin de tapar las dramáticas consecuencias de su negligente gestión al frente de una vicepresidencia social que, en el momento más trágico de la pandemia, faltó clamorosamente a su deber de atender las necesidades de las residencias de ancianos. Él ha convertido el Congreso en un lodazal inmundo; un campo de batalla que no solo niega cualquier atisbo de seguridad a una población atemorizada, severamente empobrecida y angustiada ante un futuro negro, sino que le inspira un rechazo creciente. Él amenaza nuestra convivencia.

El abanderado de la formación morada ya no acaudilla un grupúsculo antisistema acampado a las puertas del Gobierno autonómico de Madrid. No dirige a los okupas aposentados con total impunidad en Barcelona o La Coruña, por mucho que sea su referente «intelectual». El líder de Podemos es, gracias a Pedro Sánchez, vicepresidente del Gobierno de España, lo cual multiplica y agrava la trascendencia de sus acciones. En el terreno internacional, un tipo como Iglesias es sinónimo de desconfianza, sobradamente justificada por los estragos que acreditan sus correligionarios en todo el orbe, lo cual acaba traduciéndose inevitablemente en intereses más altos para el dinero prestado. En el plano doméstico, empieza a salir a la luz el aterrador abandono en que dejó a nuestros abuelos durante todo el mes de marzo, después de reclamar para sí el control absoluto sobre los centros geriátricos. Ni asistencia sanitaria, ni medios humanos o materiales, ni material de protección, ni respuesta a los llamamientos de auxilio lanzados por los gerentes de esos centros, ni nada de nada. Únicamente propaganda y maledicencia. Incapaz de aportar soluciones, Iglesias centró todos sus esfuerzos en desviar la atención de su estrepitoso fracaso, y cuando vio la magnitud que alcanzaba el desastre pasó la «patata caliente» a las comunidades autónomas, en un acto de cobardía imitado después por algún cargo público indigno con la pretensión, esperemos que inútil, de zafarse de la Justicia.

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Por la pertinencia de este artículo, en los momentos muy delicados que se viven en el Reino de España, hemos considerado oportuno recogerlo enseguida en el blog. El ataque que ¡nada menos que un vicepresidente del Gobierno! -por muy segundo que sea- ha lanzado recientemente al Poder Judicial, sin que desde el Poder Ejecutivo haya habido siquiera un gesto de incomodidad, significa un mazazo en la línea de flotación del principio de división de poderes en que se sustentan los Estados democráticos. Si ya hace cuatro años manifestamos desde esta plataforma la creciente decepción de quienes contemplamos con cierta esperanza la aparición de la formación política que encabeza Pablo Iglesias –Podemos, una de cal y otra de arena-, ahora es el momento de alertar sobre los riesgos que comporta su deriva totalitaria.

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Un vicepresidente del Gobierno podrá manifestar respetuosamente su desacuerdo con una sentencia, pero lo que no puede hacer es arrojar una sombra de sospecha de corrupción sobre la judicatura española afirmando -literalmente- que «en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos». Es una injerencia irresponsable, e inaceptable, del poder ejecutivo en la independencia del poder judicial. Por eso suscita perplejidad, y preocupación, que además esa injerencia sea justificada por quien desde arriba podría y debería desdecirlo. Es tan fuera de lugar como si un juez dictara sentencia haciendo notar que aplica una ley que considera injusta, y al mismo tiempo acusara de corrupción, de manera indirecta pero clara, al legislativo que aprobó dicha norma.

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