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Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades


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Carlos Alberto Montaner. Perú o una sociedad con un pie en la tumba

El 6 de junio sabremos si los peruanos se suicidarán en masa. Leo en el diario Expreso una encuesta que demuestra que Pedro Castillo hoy «solo» aventaja por 2,2 puntos a Keiko Fujimori. Me recuerda, no sé por qué, una anécdota cubana de José María Eça de Queiroz. El escritor y diplomático portugués visitaba a su médico en La Habana (vivió dos años en Cuba) y le explicó sus síntomas. Era, por supuesto, hipocondriaco. El galeno le aseguró que no tenía nada, que estaba muy bien. «Eso me consuela le dijo el novelista-. Me moriré en perfecto estado de salud».

Los peruanos morirán en perfecto estado de salud. Se suicidarán en pleno goce y disfrute de sus facultades mentales. El sistema democrático funciona extraordinariamente bien. Las elecciones son transparentes.

Es verdad que Pedro Castillo no le lleva los 20 puntos que le sacaba a Keiko Fujimori al día siguiente del sorprendente triunfo de ambos en las primarias; y también es cierto que la tendencia de las encuestas parece que perjudican a Castillo, pero basta un puñado de votos para inclinar la balanza.  En realidad, basta sólo un voto extra en el platillo de Castillo para que gane las elecciones y precipite al país en el desastre mayor.

En Chile, el gran referente de Perú, las recientes elecciones a la Asamblea Constituyente demostraron que la izquierda independiente y el Partido Comunista están en su mejor momento, aunque sólo votó el 41% del padrón electoral. Hay un cierto hartazgo de los partidos tradicionales. 

Me lo dijo Juan Claudio Lechín, el escritor boliviano, un gran experto en la conducta de los comunistas: «En Chile y Perú los camaradas se han dedicado eficazmente a destruir a los partidos políticos, presentándolos como insalvables focos de corrupción. Por eso han salido muchos jóvenes a las calles a destruir todo lo que no podían saquear o llevarse a casa. Ha sido una labor de demolición en la que todos hemos colaborado activa o pasivamente con nuestro silencio cómplice». Lechín tiene razón.

La encuesta publicada en Expreso apareció antes del primer debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, realizado en Chota, Cajamarca, en la que quedó claro que el maestro rural no tenía la menor idea de cómo gobernar o cómo crear empleos.

Después de esa cita han aparecido otras dos encuestas en las que Castillo tiene unos cinco puntos de ventaja. Keiko Fujimori tiene que obrar milagros para ganar la elección.

¿Puede hacerlo? Por supuesto que podría hacerlo. Todo está en que les demuestre a los peruanos que sabe crear un clima social proclive a la continuidad del crecimiento económico en el que sus connacionales se encuentren reflejados.

No tiene mucho sentido el mensaje anticomunista. El peruano pobre, que es la mayoría, no cree o no le importa lo que sucede en Cuba o en Venezuela. Tiene una pésima opinión de los venezolanos que han invadido Perú, o supone que Perú no es Cuba ni Venezuela, y, por lo tanto, lo que ocurrió en esos desdichados países no les va a suceder a ellos. 

Los peruanos de a pie, sencillamente, no están inmersos en un debate ideológico. Alguien que es capaz de votar por Castillo, o que encuentra simpático su sombrero y su cabalgadura, no tiene la mínima información que se requiere para darse cuenta del problema en que está metiendo al país, o lo que significa gobernar a una nación en el momento en que existe un evidente cambio de paradigmas. 

Tampoco recuerdan las virtudes y defectos de Alberto Fujimori, un ingeniero de ochenta y dos años. El Perú de nuestros días es muy diferente al que lo vio triunfar frente a Mario Vargas Llosa, o gobernar tras el desorden del primer Alan García. Ningún peruano de menos de 30 años puede recrear la angustia que se vivía cuando parecía que Sendero Luminoso iba a ganar la partida.

Fujimori fue un gobernante de la década de los noventa del siglo pasado. A su hija le toca salvar a Perú aquí y ahora. Ojalá se den cuenta los que piensan abstenerse o votar en blanco. Estarán apoyando a Castillo.

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Sonia Goldenberg. Perú, el país ingobernable

En noviembre, Perú tuvo tres presidentes en diez días. Uno de ellos duró seis días. Y no sabemos si el actual presidente interino, Francisco Sagasti, llegará hasta abril, el mes en el que están programadas las elecciones generales. Y si lo hace, ¿quién lo seguirá? ¿Mi país es ingobernable?

Perú ha vivido ocho golpes militares en el siglo XX. Pero en las últimas dos décadas, el país se había convertido en una democracia relativamente estable, con disminución en los índices de pobreza y un crecimiento económico sostenido. Y, sin embargo, la corrupción se mantuvo profundamente enraizada. Cuatro presidentes recientes estuvieron o están siendo investigados por acusaciones de aceptar pagos ilícitos de Odebrecht, la megaempresa de construcción brasileña que corrompió a casi todos los países de la región. Una intensa campaña anticorrupción sosegó la indignación pública, pero exacerbó nuestro gusto por el canibalismo político.

Todos los esfuerzos de limpiar el pantano han terminado en caos. Y detrás de ese caos hay un enigma crucial: ¿Cómo combatir la impunidad cuando todo el sistema político está podrido, incluyendo a los mismos políticos que, se supone, deben generar los cambios necesarios? Es, naturalmente, una situación complicada, en la que se juega la estabilidad de la nación.

En este escenario, el drama peruano tiene una advertencia para América Latina, una región con corrupción muy extendida. Esto invita a los ciudadanos a desconfiar de cualquier campaña que se presente como una cruzada heroica para erradicar la corrupción prometiendo penas más severas para los funcionarios corruptos.

En Perú, la guerra política alcanzó un punto crítico en los últimos tres meses. Nada estaba fuera de la mesa en la lucha por eliminar a los rivales políticos, incluidas nuevas formas de golpes de Estado. No había necesidad de usar a las fuerzas armadas cuando la Constitución provee algunas lagunas convenientes. Por ejemplo, la oposición en el Congreso puede vacar con rapidez a un presidente con la causal de “incapacidad moral permanente”, un concepto ambiguo que podría referirse tanto a la aptitud mental como moral de un mandatario.

Pedro Pablo Kuczynski, un banquero de inversión retirado de Wall Street, fue elegido presidente en 2016 por un periodo de cinco años. Después de menos de dos años en el cargo, fue forzado a renunciar cuando iba a ser vacado por el Congreso. Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y líder del partido fujimorista, había sido derrotada en las elecciones presidenciales por un margen muy estrecho y se negaba a aceptarlo. Entonces, usó la mayoría de su bancada en el Congreso para destituir a Kuczynski acusándolo de corrupción. Aunque Kuczynski, de 82 años, no ha sido acusado formalmente, ha permanecido en arresto domiciliario por más de dos años.

Así llegó al poder Martín Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, quien conspiró para destituir a su jefe. Al inicio, Vizcarra fue el peón de Fujimori. Pero, en nombre de una cruzada anticorrupción, destruyó al partido fujimorista. Sus índices de aprobación aumentaron y alcanzaron su punto máximo en septiembre de 2019, cuando disolvió el Congreso, una decisión radical que destruyó el equilibrio de poderes y aplastó a una oposición corrupta y desagradable, pero elegida democráticamente. Esto le permitió a Vizcarra gobernar por decreto durante más de seis meses.

El golpe fue justificado por progresistas liberales y activistas anticorrupción como una medida necesaria para impulsar una reforma política. La corte más alta de la nación, el Tribunal Constitucional, aprobó la decisión en una votación de 4 a 3. Después se celebraron elecciones legislativas y, en marzo, se instaló un nuevo Congreso, tan corrupto como el anterior.

En noviembre, los medios noticiosos locales publicaron reportajes en los que se acusaba a Vizcarra de aceptar supuestos sobornos de constructoras cuando fue gobernador de la provincia sureña de Moquegua. Siguiendo las leyes del karma, el Congreso lo destituyó. Unos días más tarde, un juez le prohibió salir del país por dieciocho meses como consecuencia de las investigaciones por corrupción en su contra.

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