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Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades


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Iván Duque, en entrevista con Jan Martínez Ahrens: “No voy a aceptar que nadie desangre a Colombia”

Iván Duque preside un país en llamas. Desde que el pasado 28 de abril se iniciaron las protestas, no hay día en que Colombia no se vea sacudida por la violencia. El detonante ha sido la reforma tributaria, el proyecto estrella del mandato de Duque. Una ley que, mediante un aumento de la presión fiscal, pretendía aliviar la deuda generada por la pandemia y enviar un mensaje de rigor a los mercados. El resultado fue bien distinto.

La medida tocó el nervio profundo de la nación sudamericana y desató la mayor revuelta de los últimos 70 años. De poco sirvió retirarla. El incendio era ya imparable. En menos de un mes han dimitido el ministro de Haciendala canciller y el alto comisionado para la Paz; Colombia ha perdido la sede de la Copa América y Standard and Poor’s ha rebajado la calificación de la deuda. Pero eso ha sido lo de menos. Sobre el asfalto han quedado más de 50 cadáveres y 2.000 heridos. Los bloqueos a carreteras y grandes ciudades asfixian la economía y los episodios de brutalidad policial y linchamientos se suceden por doquier.

De la noche a la mañana, un país que intentaba salir de un largo y doloroso conflicto armado ha vuelto al túnel. Los motivos son aún objeto de discusión, pero hay coincidencia en que los estragos de la pandemia, que ha disparado la pobreza a niveles de hace una década (42% de la población), acrecentaron un malestar antiguo del que ha emergido una Colombia indignada y harta.

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Constanza Vieira. Prosigue la represión en Colombia: Duque impone régimen militar a una cuarta parte de la población

El presidente de Colombia, Iván Duque, prefirió darle una patada al tablero. Optó por militarizar, lejos de tomar en serio un preacuerdo construido durante nueve días entre plenipotenciarios de su gobierno y el Comité Nacional de Paro (huelga), el CNP.

Al cumplirse un mes de la huelga nacional iniciada el 28 de abril, el conservador Duque emitió la noche del pasado viernes un decreto (el 575 de 2021) que impone la “asistencia militar” en ocho departamentos y 13 ciudades, incluidas seis capitales departamentales.

El senador de izquierda Iván Cepeda indicó que, en la práctica, esto sería ni más ni menos que “un golpe de estado”, porque “sustituye la autoridad civil por autoridades militares” en un área habitada por unos 12,7 millones de personas, es decir, la cuarta parte de la población.

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