Durante la estancia en Cuba de un español con beca de Formación de Personal Investigador (FPI) para realizar su tesis doctoral, un cubano, profesor universitario, le contó que había renunciado a su puesto en la universidad de La Habana para trabajar de taxista, ya que ganaba más dinero con las propinas que con su sueldo de docente. Nuestra patria va camino de convertirse en algo parecido, pues casi cualquier trabajo es mejor que ser investigador o docente universitario.

Para llegar a ser profesor universitario y/o investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), o en algún centro con capacidad de innovación científica reconocida, se requiere, como paso previo, poseer un doctorado y luego seguir atesorando los correspondientes sexenios de investigación que demuestren las aportaciones a la ciencia (un sexenio es ante una agencia estatal que certifica el rendimiento de un investigador en seis o más años de trabajo).

La mayoría de los profesores e investigadores españoles han pasado un largo proceso de pruebas y concursos de méritos, empezando sus carreras investigadoras con becas de pre-doctorado (4 años), en algunos casos seguidas de becas postdoctorales en España y/o en el extranjero, becas de reincorporación de investigadores, de talento, a la comunidad científica española, becas Fulbrigth, etc.

Para conseguir becas, llamadas de excelencia, se pasaba una dura selección. Por citar un ejemplo, para las 10 ó 12 becas que se convocaban anualmente de FPI se presentaban más de 10.000 candidatos.

En el caso de los becarios de investigación anteriores a 2011, este largo periplo como becario llevó aparejado sueldos muy bajos (en muchos casos, poco más que el sueldo base) y pudo prolongarse en el tiempo una década. El Estado se ha negado a reconocerlos como trabajadores y no han podido cotizar a la Seguridad Social por el trabajo realizado, algo que reivindican. La normativa vigente entonces en España no obligaba a sus empleadores a cotizar a la Seguridad Social, como sí obligaba para el resto de trabajadores.

A día de hoy, el Estado no ha querido, ni quiere, darles de alta en la Seguridad Social y que computen los años de becario como tiempo trabajado, a pesar de haber estado buena parte de estos mal llamados becarios trabajando en universidades y en centros de investigación públicos. Esto afecta a su edad de jubilación y a la paga que recibirán cuando se jubilen. Una injusticia y un agravio comparativo frente a los actuales investigadores pre y postdoctorales, a los que buena parte de ellos están formando, que trabajan con contrato y cotizan a la Seguridad Social.

Esta situación amoral supone que, cuando a estos investigadores les llega la hora de la jubilación, algunos de ellos se encuentran con que por haber dedicado su vida a la ciencia, a la investigación, al conocimiento, en definitiva, al bien común con su trabajo, no van a cumplir los requisitos para cobrar una jubilación completa, al no haber cotizado los años que la Seguridad Social exige.

Nuestros científicos y profesores universitarios llevan años peleando para que se les reconozcan los años de vida laboral como en los que fueron mano obra barata en universidades y/o centros de investigación, como años que computen para su jubilación.

Aunque puede parecer mentira, el Estado no se autoabonaba sus cotizaciones para la Seguridad Social, jubilación y desempleo. Un becario de predoctorado, cuando se terminaba su beca de 4 años, no había cotizado ni un solo día para su futura jubilación. No tenía derecho a paro, a pesar de haber estado trabajando, pues el Gobierno español lo consideraba estudiante a pesar de dar clases, estar integrado en proyectos de investigación punteros, etc. Eran mano de obra barata que los gobiernos de turno utilizaban abusando de su posición y de la vocación de sus futuros profesores universitarios e investigadores.

Desde hace unos años, estos colectivos, fundamentales para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento en España, llevan pidiendo desesperados amparo al Defensor de Pueblo (un catedrático y exrector) para que sus años trabajando como becarios les computen como años trabajados de cara a su futura jubilación.

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La inteligencia artificial (IA) está arrasando en el mundo. Está transformando todos los ámbitos de la vida y planteando importantes problemas éticos para la sociedad y el futuro de la humanidad. ChatGPT, que está dominando las redes sociales, es un chatbot basado en IA desarrollado por OpenAI. Es un subconjunto del aprendizaje automático y se basa en lo que se denomina Large Language Models (grandes modelos lingüísticos), capaces de generar respuestas similares a las humanas. El potencial de aplicación de esta tecnología es enorme, por lo que ya se está pidiendo que se regule la IA como ChatGPT.

¿Puede la IA ser más inteligente que los humanos? ¿Constituye una amenaza pública? De hecho, ¿puede convertirse en una amenaza existencial? Noam Chomsky, el lingüista más eminente del mundo y uno de los intelectuales públicos más estimados de todos los tiempos, cuya estatura intelectual se ha comparado con la de Galileo, Newton y Descartes, aborda estas inquietantes cuestiones en la entrevista que sigue.

C. J. Polychroniou: Como disciplina científica, la inteligencia artificial (IA) se remonta a los años 50, pero en las dos últimas décadas se ha ido abriendo paso en todo tipo de campos, como la banca, los seguros, la fabricación de automóviles, la música y la defensa. De hecho, el uso de técnicas de IA ha demostrado en algunos casos superar las capacidades humanas, como en una partida de ajedrez. ¿Es probable que las máquinas lleguen a ser más inteligentes que los humanos?

Noam Chomsky: Para aclarar la terminología, el término «máquina» significa aquí programa, básicamente una teoría escrita en una notación que puede ser ejecutada por un ordenador, y un tipo de teoría inusual en aspectos interesantes que podemos dejar de lado aquí.

Podemos hacer una distinción aproximada entre ingeniería pura y ciencia. No hay un límite claro, pero es una primera aproximación útil. La ingeniería pura busca producir un producto que pueda ser de alguna utilidad. La ciencia busca la comprensión. Si el tema es la inteligencia humana o las capacidades cognitivas de otros organismos, la ciencia busca comprender estos sistemas biológicos.

Tal y como yo los entiendo, los fundadores de la IA -Alan Turing, Herbert Simon, Marvin Minsky y otros- la consideraban ciencia, parte de las entonces incipientes ciencias cognitivas, que utilizaban las nuevas tecnologías y los descubrimientos en la teoría matemática de la computación para avanzar en la comprensión. Con el paso de los años, estas preocupaciones se han desvanecido y se han visto desplazadas en gran medida por una orientación ingenieril. En la actualidad, las primeras preocupaciones se suelen tachar, a veces con condescendencia, de ‘IA a la antigua usanza’ [en inglés ‘good old-fashioned AI’ o su acrónimo ‘GOFAI’].

Siguiendo con la pregunta, ¿es probable que se conciban programas que superen las capacidades humanas? Hay que tener cuidado con la palabra «capacidades», por razones a las que volveré. Pero si consideramos que el término se refiere a la ejecución humana, entonces la respuesta es: definitivamente sí. De hecho, existen desde hace mucho tiempo: la calculadora de un ordenador, por ejemplo. Puede superar con creces lo que hacen los humanos, aunque sólo sea por falta de tiempo y memoria. En el caso de sistemas cerrados como el ajedrez, en los años 50 se comprendió perfectamente que tarde o temprano, con el avance de gigantescas capacidades computacionales y un largo periodo de preparación, se podría idear un programa capaz de derrotar a un gran maestro que juega con un límite de memoria y tiempo. El alcance de ese logro, años más tarde, fue más que nada un reclamo publicitario para IBM. Muchos organismos biológicos superan las capacidades cognitivas humanas en aspectos mucho más profundos. Las hormigas del desierto de mi patio trasero tienen cerebros minúsculos, pero superan con creces las capacidades humanas de navegación, en los principios que subyacen, no sólo en ejecución. No existe tal cosa como una Gran Cadena del Ser en cuya cúspide esté el ser humano.

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El Tribunal Constitucional avalará en breve la Ley del Aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, objeto de un recurso que trece años después va a resolverse, con una mayoría de magistrados autodenominados «progresistas» y cercanos al sucesor de aquel presidente y promotor de una ampliación legislativa de ese inexistente derecho.

Salvo sorpresa de última hora, el órgano refrendará la constitucionalidad de una norma que ha interrumpido cerca de 100.000 embarazos anuales, una cifra dramática siempre, pero especialmente en una sociedad con la natalidad desplomada hasta niveles históricos.

Y lo hará, tal y como ha adelantado El Debate, considerando que el supuesto derecho de la mujer a decidir qué hacer con su cuerpo prevalece sobre el derecho a nacer del bebé que engendra ella misma, con la misma doctrina inhumana que ya le llevó al TC a respaldar otra ley igual de deplorable, la de la eutanasia.

Aunque es cierto que el Constitucional no considerará a ninguna de esas dos prácticas un «derecho fundamental», los sitúa por encima de la propia vida en determinadas circunstancias teóricas que, en la práctica, las consagra todas: basta con que una mujer no quiera seguir con la gestación para que el Estado le ofrezca las herramientas médicas para culminar su objetivo, sin darle las alternativas suficientes para que reflexione y tal vez elija otra opción.

Considerar que leyes así consagran avances sociales, como dicen sus promotores, equivale a aceptar que la mejor respuesta que pueden dar los poderes públicos a personas necesitadas de ayuda, guía y recursos es la única de todas ellas con carácter irreversible.

Y despreciar la evidencia de que, con otras alternativas, la decisión puede cambiar, añade a la deplorable inhumanidad conceptual de la norma una obscena dejación de funciones.

No se impulsa un «derecho», pues, se les hurta a los seres humanos todas las opciones que debiera tomar a su alcance para elegir con verdadera libertad un camino distinto, más respetuoso consigo mismo y con otro ser vivo indefenso, sin opinión y desprotegido en su momento de mayor debilidad.

Una sociedad decente se caracteriza por todo lo contrario a legislaciones como las que, en España, subordinan la vida a factores menores, buscando excusas para legitimar un ataque frontal al principal de los derechos, que es la vida.

Y si esto ya es triste, alcanza el paroxismo cuando además de consagrar el derecho a frustrar la vida, lo pone de alguna forma de moda. Porque las dos leyes abortistas de Zapatero y de Sánchez vienen impulsadas por el mismo delirio de que la maternidad es, de algún modo, una deficiencia, tara o inconveniente para la realización de la mujer, cuando es el mayor de sus dones.

Nada hay de avanzado en frustrar bebés en ciernes, como tampoco en ofrecer una inyección letal a un enfermo, y reforzar esos falsos derechos abre el camino a que se invoquen en cualquier circunstancia. Con el aborto ya ha pasado, hasta el punto de permitirlo en menores de edad sin participación alguna de sus propios padres. Y con la eutanasia ocurrirá: una vez se reconoce esa potestad para unos casos, será imposible rechazarlo para cualquiera. Es cuestión de tiempo.

Por todo ello, el próximo Gobierno de España, si es distinto al actual, ha de ser firme en su propósito de derogar toda la legislación ideológica e inhumana impulsada por el PSOE y sus socios: sin excepciones, sin demoras y sin titubeos. Y contando con que este Tribunal Constitucional conformado al servicio de Sánchez hará lo imposible por mantener su legado cuando él, afortunadamente, no ocupe ya la Presidencia.

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