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Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades


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Manuel Ferrer. Colombia, ¿hacia ninguna parte?

“¿Cómo se sostiene una sociedad en la que todos saben que prácticamente nada funciona? Desde los teléfonos públicos que no sirven para hacer llamadas hasta los puentes que no sirven para ser usados y los funcionarios públicos que no sirven para atender a las personas y las fuerzas armadas que no sirven para defender la vida de los ciudadanos y los jueces que no sirven para juzgar y los gobiernos que no sirven para gobernar y las leyes que no sirven para ser obedecidas, el espectáculo que brindaría Colombia a un hipotético observador bienintencionado y sensato sería divertido si no fuera por el charco de sangre en que reposa” (Ospina, William, ¿Dónde está la franja amarilla?, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1997, p. 14).

Este amargo retrato, trazado en 1997, intenta caracterizar a la sociedad colombiana de fines del siglo XX, sumida en el pozo de la pobreza, la corrupción, el imperio de los cárteles de la droga, la violencia guerrillera, la desmoralización en todos los órdenes de la vida ciudadana.

Desde entonces hasta hoy, transcurridos más de veinticinco años, algunas de las sombras de ese cuadro se han aclarado. Pero prevalecen las razones de fondo que movieron a Ospina a dibujar un panorama tan tremendo.

Las guerras civiles que se sucedieron desde la independencia de Colombia, continuadas por los conflictos de las guerrillas, nunca terminaron con el hallazgo de un espacio común de convivencia. Los privilegios de la vieja sociedad modelada durante los siglos de dominación española nunca se extinguieron, sólo cambiaron de depositarios; y la proclamada igualdad ante la ley nunca ha dejado de ser –como mucho- una bienintencionada y tímida aspiración utópica traicionada por un cúmulo inconmensurable de corrupción rampante.

El materialismo práctico de las sociedades occidentales capitalistas del siglo XX –sociedades opulentas, que sustituyeron la trascendencia por la comodidad- echó raíces profundas en Colombia y contribuyó a agrandar las diferencias entre quienes viven en la prodigalidad más insultante y quienes de todo carecen y codician abierta o discretamente las riquezas ajenas.

El culto al cuerpo convirtió a muchas de las mujeres colombianas en carne de quirófano en obsesiva busca de medidas ideales, de pechos descomunales, de rostros de princesas. A las niñas se les ha robado la infancia con los ridículos concursos de belleza en las escuelas, alentando neciamente su ingenuo afán de preadolescentes que las impulsa a vestir y comportarse como señoritas que no aún son. Y los jovencitos se miran en el espejo de artistas, cantantes, pandilleros o narcos: encantados de haberse conocido a sí mismos, carentes de seso y abotargados en su intelecto por una estupidez que, si no es congénita, ha sido adquirida con meritorio esfuerzo.

La indiferencia por lo que no nos atañe de modo directo nos impide fijar la vista en las necesidades de quienes se cruzan en nuestro camino. No tenemos ojos para los pobres ni para los viejos ni para los niños pequeños ni para los feos. El endurecimiento del corazón se traduce en las miradas endurecidas, incapaces de percibir la emoción que causa la inocencia de los niños de pocos meses. Sólo miramos alrededor para asegurarnos de que nadie nos sigue con intención de asaltarnos o para contemplar con descaro a una mujer bonita o un carro lujoso, que igual da: hasta esos extremos se ha cosificado a la mujer.

Muchos de los que piden una limosna y son rechazados, aun con buenas maneras, envuelven al otro en una mirada de odio y no escamotean maldiciones en voz baja o no tan baja. Se retiran babeando insultos mientras componen la cara para la siguiente representación que, casi con certeza, terminará como la anterior con injurias proferidas sotto voce.

Las calles de muchas ciudades de Colombia son testigos de cruces de insultos, cuando no de golpes entre automovilistas o peatones o entre unos y otros. Quedaron relegadas al olvido las normas de urbanidad que aprendimos de nuestros abuelos, porque en la selva urbana no hay espacio para el respeto ni la cortesía.

Y después de este listado de desafueros y calamidades, ¿debe extrañar que muchos conciudadanos pensaran en espacios geográficos lejanos para escapar de la pobreza, la opresión, el miedo, la prepotencia de los que mandan olvidados de su condición de servidores públicos? Urge, pues, movilizar las reservas de la conciencia cívica y auspiciar programas que recuperen lo que quizá fue Colombia en otro tiempo, o propicien un futuro que corte amarras con un pasado envilecido. En esa tarea de gigantes, la educación cumple un papel fundamental; pero lo grave es que los primeros educadores son los padres. ¿Y están capacitados los padres colombianos para anteponer los valores a sus comodidades?


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Alberto Valencia Gutiérrez. La encrucijada de Colombia

Muchos ciudadanos no son conscientes de lo que está sucediendo en este momento en la vida del país y se dedican a tirar fuego desde diversas trincheras para sabotear lo que el gobierno está intentando hacer. El verdadero problema consiste en que, gústenos o no, de los resultados del gobierno de Petro depende la suerte del país en los próximos años.

Colombia se encuentra en este momento en la boca de un volcán social, cuya atención es prioritaria. El estallido social de 2021 no fue más que el preanuncio de lo que hubiera podido ocurrir si en las urnas no gana una opción por el cambio. Por lo general el mantenimiento del orden y las propuestas de cambio se consideran excluyentes. Pero la gran paradoja, que mucha gente no entiende, es que después del estallido las banderas de cambio se convirtieron en el principal baluarte de la continuidad del orden social.

Colombia es un país profundamente conservador que le tiene pánico al cambio. Las manifestaciones anti Petro de hace algunas semanas no se oponían a una u otra medida en particular, sino al conjunto indiferenciado de propuestas como un todo, al cambio puro y simple. El odio que suscita Petro es infinito: es el ‘coco’ que va a entronizar en Colombia el comunismo. Un columnista de El Tiempo lo comparaba recientemente con Trump. El rechazo no proviene propiamente de su pasado guerrillero o de su mala gestión en la alcaldía de Bogotá sino de haber denunciado en el Congreso la acción de los grupos armados ilegales (paramilitares y guerrilleros). En un país atravesado por una mentalidad mafiosa, explícita o implícita, para muchos esto es un pecado imperdonable.

Nadie desconoce los errores de la actual administración: la falta de comunicación con los ciudadanos, la incoherencia entre diferentes voceros gubernamentales, la disputa de funcionarios que proponen reformas sin coordinación previa, la intolerancia frente a los que disienten. La personalidad provocadora del Presidente lo lleva a lanzar ideas por doquier sin tener en cuenta de manera suficiente las realidades políticas o su viabilidad: la transición energética, el tren (antes era un puente) entre Chocó y Urabá, entre otras.

Sin embargo, al asumir la bandera del cambio, Petro está impulsando desde la Presidencia la labor que gobiernos liberales de los últimos años, aun teniendo la posibilidad, no quisieron (o no pudieron) llevar a cabo: transformaciones fundamentales en contravía de ciertos grupos extremadamente conservadores, indispensables para que este país garantice su continuidad sin desfondarse. Los sectores más privilegiados se sienten amenazados, pero no se dan cuenta de que el ‘efecto imprevisto’ de lo que está haciendo Petro es promover algunos cambios para que sus privilegios se mantengan.

Petro realmente no es un gobernante de izquierda radical. Es un socialdemócrata, un liberal reformista progresista como ya hubo varios en el Siglo XX (los Lleras, Belisario, Barco). Su gran referente histórico es Alfonso López Pumarejo (1934-1938), el gran oligarca que tuvo la osadía de enfrentar a los sectores más conservadores con reformas modernizadoras, que eran absolutamente indispensables en ese momento: la separación de la Iglesia y el Estado, la reforma agraria, la legislación laboral, etc. Su labor causó conmoción en el país y la violencia bipartidista fue en gran medida una reacción ultra conservadora al proceso de secularización propuesto por el presidente López.

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Invitación a participar

En tres recientes publicaciones hemos recogido textos que trazan un panorama de la coyuntura política que viven algunos países americanos:

Carlos Bezerra. Los desafíos de Lula para gobernar Brasil en 2023

Carlos E. Flores. Perú, ¿una imposibilidad política?

Carmen de Carlos. Por qué Argentina no tiene solución

Os invitamos a colaborar en esta selección. Para ello basta que enviéis vuestras propuestas a la siguiente dirección de email: ferrermuma@gmail.com. Puede bastar el enlace a una publicación de libre acceso.


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Carlos Bezerra. Los desafíos de Lula para gobernar Brasil en 2023

Son exactamente veinte años los que marcan la distancia entre la primera elección de Lula en 2003 y su regreso al tercer mandato en 2023, después de sorprendentes vuelcos legales y políticos. A pesar de su gran experiencia, en este tercer mandato el presidente Lula tendrá nuevos y mayores desafíos para cumplir sus compromisos. Los desafíos surgen tanto en términos de retomar la capacidad del Estado para implementar políticas públicas como en la construcción de gobernabilidad, es decir, consolidar el apoyo político y la estabilidad para gobernar, no solo en el Parlamento, sino también con la sociedad.

Los actos golpistas con la invasión de las sedes de los tres poderes el 8 de enero no dejan dudas de que Lula tendrá al menos tres grandes desafíos para asegurar la gobernabilidad: 1) consolidar una base cohesionada en la Cámara de Diputados y el Senado, estableciendo un nuevo acuerdo en relación con las enmiendas parlamentarias; 2) restablecer el compromiso de las Fuerzas Armadas con las instituciones democráticas; 3 ) hacer frente a la extrema derecha organizada en redes, iglesias, cuarteles y calles.

Lula y sus ministros han hecho numerosas declaraciones sobre que la participación popular, ya sea directamente de los ciudadanos o a través de organizaciones, será de gran importancia en su gobierno. Y esto no solo se debe al valor democrático de la participación, sino también a la necesidad de constituir una amplia base social que apoye las políticas gubernamentales y se oponga a los movimientos antidemocráticos de extrema derecha, que, como señalamos, constituyen amenazas para la estabilidad política del gobierno y para la propia democracia brasileña.

El PT gobernó Brasil entre 2003 y 2016. Lula estuvo a cargo de la presidencia durante dos mandatos consecutivos, habiendo terminado el último con la mayor aprobación popular en la historia del país. Brasil había ganado peso y relevancia en la escena internacional, además de destacarse por el éxito de sus políticas sociales en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, Rousseff (elegida por Lula como su sucesora)  enfrentó un escenario económico más desfavorable y vio erosionada su aprobación y apoyo popular en el Congreso, con protestas populares crecientes. A esto se sumó la operación Lava Jato, que reveló escándalos de corrupción en Petrobras, la petrolera estatal. Aunque involucró a políticos de diferentes partidos, sus efectos políticos desestabilizadores se sintieron principalmente en el Partido de los Trabajadores, entonces en el gobierno.

Todo este proceso culminó con el impeachment a Dilma Rousseff en 2016 y el arresto de Luís Inácio Lula da Silva en 2018. Con Lula detenido e impedido para postularse a la presidencia, la derecha y la extrema derecha que venían creciendo desde hace algunos años en la sociedad civil y en el ámbito institucional, lograron elegir a Jair Bolsonaro para un mandato presidencial que comenzó en 2019.

El gobierno de Bolsonaro estuvo marcado por una estrategia de gobierno basada en el conflicto y la difusión de fake news, además de medidas destinadas a desmantelar las políticas públicas, reduciendo el Estado en diversas áreas. El resultado fue un profundo desmantelamiento de las políticas públicas, con el ejecutivo federal actuando en contra de los gobiernos estatales e impidiendo la existencia de acciones coordinadas. El mayor ejemplo de esto fue el caso de la pandemia de Covid-19, cuyo desempeño tardío permitió que ocurrieran muertes prevenibles. Esta desestructuración también tuvo las consecuencias del aumento del hambre, pobreza y desempleo, reducción del desempeño escolar y aumento de la deserción, aumento de la deforestación y conflictos por la tierra, aumento de civiles con armas, de violencia letal, entre muchos otros indicadores sociales negativos.

[…]

En su discurso inaugural, y en varias ocasiones durante el proceso de transición gubernamental, Lula anunció que tendrá tres grandes prioridades en el área social: 1) la lucha contra el hambre y la pobreza, con la renovación del Programa Bolsa Família y los programas de creación de empleo; 2) la mejora de los servicios de salud, con énfasis en la ampliación del Programa Farmácia Popular y el acceso a servicios especializados; 3) y la inversión en educación, con énfasis en la expansión de las escuelas de tiempo completo. Además, se destacan sus compromisos con el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, con la confrontación de las desigualdades sociales, étnicas, raciales y de género, así como la reanudación del protagonismo internacional de Brasil en el ámbito económico y ambiental.

Sin embargo, para garantizar el cumplimiento de esta agenda, además de reconstruir la maquinaria estatal, que fue desestructurada en su capacidad de supervisión y ejecución, Lula tendrá que garantizar la estabilidad económica y política. Para ello, además de asegurar la cohesión de su base aliada en el parlamento, y ampliar su apoyo con los sectores económicos y sociales organizados, Lula tendrá que actuar con fuerza para neutralizar y mitigar posibles acciones disruptivas de sus opositores más extremistas y contrarios a los valores democráticos. A continuación, detallamos tres grandes retos para la gobernabilidad.

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Carlos E. Flores. Perú, ¿una imposibilidad política?

El 7 de marzo se cumplieron tres meses desde que el expresidente Pedro Castillo dispuso disolver temporalmente el Congreso (Poder Legislativo) e instaurar un gobierno de emergencia nacional con la idea de convocar a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva carta magna en un plazo no mayor de nueve meses. La sorpresiva decisión, anunciada en un mensaje a la nación, llegó a horas de iniciarse el debate de su tercera moción de vacancia planteada por el Legislativo. Sin embargo, esto produjo una reacción generalizada en todo el arco político ideológico para condenar al expresidente y sirvió, además, como el pretexto preciso que permitió a las bancadas políticas opositoras deshacerse de Castillo y “recuperar la democracia” —un relato desestabilizador, golpista, que el Congreso manejó desde el primer día de gobierno, barajando todos los frentes posibles para tumbarse al profesor rural cajamarquino.

Tras el movimiento político realizado por Castillo el 7 de diciembre del 2022 (#7D), el Congreso adelantó la sesión del Pleno para votar por la vacancia presidencial, obteniendo 101 votos a favor de 130 legisladores en total —se requerían dos tercios de votación, una mayoría calificada de 87 parlamentarios. El acto contó con el voto clave de 16 legisladores oficialistas que terminaron por inclinar la balanza contra Castillo y dieron paso a la destitución.

Desde entonces, el Perú entró en una dinámica de protesta social que cuenta con más de medio centenar de personas asesinadas en episodios de represión registrados, sobre todo, en el sur del país —algo que ha merecido la atención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los derechos Humanos (CIDH). Con este escenario, el Perú del Bicentenario abrió un nuevo tiempo de vida republicana con la emergencia y presencia de ese actor sociopolítico olvidado o —lo que sería más propio decir— no reconocido largamente en la esfera pública y política tradicionalmente limeña: una población andina que lleva sobre sus espaldas la pobreza y la pobreza extrema como una carga identitaria impuesta producto de las desigualdades económicas. Se trata de ese sur peruano que hace más de cuarenta años vio surgir una de las más dolorosas manifestaciones de la violencia política y conflicto interno con Sendero Luminoso y que, con el correr de los convulsos años ochenta del siglo pasado, motivó la llegada del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

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Carmen de Carlos. Por qué Argentina no tiene solución

En la Casa Rosada se quedaron de piedra cuando la selección nacional de fútbol y campeona del Mundial, rechazó, en su vuelta triunfal, hacer una visita a Alberto y Cristina Fernández. El Gobierno presionó hasta límites que deberían ser impropios para un Ejecutivo. La albiceleste decidió someter la decisión a votación y únicamente un jugador lo hizo a favor de ir a hacerse una foto, ominosa para Leonel Messi, con el presidente y la vicepresidenta (más los que se habrían apuntado a la fiesta).

El mejor jugador del mundo no perdonaba que los 32 respiradores que había donado en plena pandemia se quedaran, más de dos años, bloqueados en la Aduana mientras los argentinos se morían por miles. La burocracia deliberada evitó salvar muchas vidas. Messi había pagado hasta el avión que los transportaba para evitar más muertes.

Incomprensible para los que viven fuera y dentro de Argentina, el episodio, con resultado criminal, recuerda otros recientes que el término surrealista les viene como un guante.

El centro cultural ArtHaus, abierto en la calle de Bartolomé Mitre a la altura de Reconquista, fue iniciativa privada del empresario y coleccionista Andres Buhar. Este espacio, no por casualidad, está a la vuelta de la catedral donde el Papa Francisco oficiaba misa como arzobispo de Buenos Aires. Su titular lleva esperando año y medio a que le aprueben la solicitud de importación de luminarias teatrales. Dicho de otro modo, las bombillas de calidad que se hacen fuera porque las de dentro son de apaga y vámonos.

Buhar es un rara avis al que se le ocurrió invertir y apostar en Argentina cuando la estampida del dinero, de los de dentro y de los de fuera, es general. Brasil y Uruguay se benefician y abren los brazos a los inversores y a los ciudadanos que no quieren vivir más en un país donde la seguridad, física y jurídica, es un espejismo. La última encuesta de D’Alessio Irol, difundida por Contexto Político de Infomedia, advierte que la mayor preocupación del 72 % de los argentinos es esa, la inseguridad.

En 2002 una imagen de la provincia de Tucumán de unos pequeños en los huesos, sacudió las conciencias de medio mundo. Los chicos parecían más de Biafra (era lo que estaba de moda entonces) que del país que presumía de ser, todavía, algo parecido al granero del mundo y de tener una cabaña de ganado para alimentar a medio continente. La grabación de un hormiguero humano «carneando» (descuartizando) a un caballo, tras volcar el camión en el que lo trasladaban para llevárselo como alimento, terminó de ofrecer una imagen miserable de Argentina.

The Washington Post le bastó con publicar la primera imagen junto a una crónica de su corresponsal de entonces, Anthony Faiola, para que sus lectores, conmovidos, llenaran un contenedor con alimentos, ropa y los enseres habituales que se llevan ante cualquier catástrofe. Pasaban las semanas y el contenedor que había llegado al puerto de Buenos Aires no se movía. Faiola se desesperaba porque había visto y sabía que los niños desnutridos se seguían muriendo de hambre.

Mario Das Neves estaba al frente de la Aduana cuando el periodista del Washington Post denunció las trabas que ponía para sacar la carga que podía paliar la hambruna de la gente. Pendenciero y poco amigo de los Estados Unidos Das Neves convocó al periodista a su despacho.

El jefe de la Aduana lo preparó con cámaras para grabar todo, como si fuera un estudio de televisión y trató a Faiola, desde que entró por la puerta, como si mereciera el patíbulo y no el agradecimiento y a Estados Unidos, «el imperio», se refirió con términos insultantes.

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Próxima Tertulia en la Mitad del Mundo: Café de Altura para cuatro. Patrimonio documental y cultural en Latinoamérica. 26 de marzo de 2023

Semblanzas de los participantes

Yenifer Castro Viguera

Natural de La Habana, Cuba; licenciada en Bibliotecología y Ciencia de la Información por la Universidad de La Habana (2008) y Máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas, por la Universidad de Sevilla (2017). Trabajó durante 9 años en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (2012-2021), en calidad de especialista en Gestión Documental, desde el 2018 también con la categoría científica de Investigadora Agregada. Es autora del libro El Club San Carlos: la casa del pueblo cubano en Cayo Hueso, editado por el Centro de Estudios Martianos de Cuba en el año 2018. Ha publicado varios artículos relacionados con su especialidad y de temas de la historia de Cuba, entre ellos  “El patrimonio bibliográfico de España e Hispanoamérica: convergencias y divergencias”, Revista electrónica de Patrimonio Histórico (no.26, junio de 2020, pp.112-150), que tiene como segunda autora a la también especialista e investigadora Yarelys Chávez Montejo. Por su breve obra poética, menos conocida, ha obtenido algunos reconocimientos en España e Italia. Actualmente se desempeña como Investigadora Agregada de la Oficina del Programa Martiano (OPM), Cuba, al tiempo que inicia un Doctorado en Información y Comunicación en la Universidad de Zaragoza.


José Rigoberto Reyes Ávila

Ha desempeñado desde 2004 hasta 2014 la dirección del despacho Reyes & Ávila en Madrid capital, como abogado ejerciente, litigante en las áreas de Derecho Penal, Derecho Civil y Derecho Administrativo. Desde el año 2001 es miembro activo y cofundador de la organización de la sociedad civil Transparencia Internacional España. En la actualidad es  miembro del consejo consultivo de dicha organización. Aunque ha desempeñado su tarea profesional en España, siempre ha mantenido vínculos con Latinoamérica, prestando sus servicios profesionales en México, Honduras, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Perú entre otros. Ha realizado estudios de Doctorado en la Universidad de Salamanca (España) durante los años 1995-1998. Estancia en la Universidad de Londres (London School of Economics) de junio 1998 a agosto 1999. Master en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid (2002). Presidente del Fondo Mexicano para el Desarrollo Socio-Económico AC (FOMEDES). También ha desarrollado su actividad como docente en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2013 a 2016). Consultor internacional para la Organización de Estados Americanos  (OEA) 2017. Catedrático de Derecho Penal, Derecho Civil, Propiedad Intelectual en la Universidad José Cecilio del Valle Honduras 2017- 2020. En la actualidad reside en Honduras y ejerce como Abogado independiente.


Pablo Rosero Rivadeneira

Tiene 42 años de edad, nació en Ibarra, Ecuador y desde hace 21 años vive en Quito. Es investigador histórico autodidacta y ha escrito algunos artículos sobre temas relacionados con la historia del Ecuador y en particular con su ciudad de origen. Actualmente se desempeña como coordinador técnico del Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit, uno de los mayores repositorios de memoria social de Ecuador. Tiene experiencia también en temas de planificación organizacional y proyectos sociales de cooperación internacional.


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Julia Navarro. Soy mujer, no un ‘ser gestante’: es frívolo pretender ser mujer ‘a la carta’

En esta entrevista de Mikel Segovia a Julia Navarro, a raíz de la publicación de su libro Una historia compartida, se repasa la influencia que sobre ella han ejercido las vidas de los cientos de mujeres que ha conocido a través de viajes, libros y vivencias personales. El subtítulo del libro, ‘Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos’, alude al papel jugado por los hombres que acompañaron a esas mujeres, para bien o para mal.

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Navarro subraya que la historia “la han contado los hombres” y que en ella “se han olvidado de contar qué hacía la otra mitad de la ciudadanía, las mujeres”. Han sido siglos de invisibilidad que no han desaparecido, más bien han aflorado de otro modo. “Me temo que en este siglo XXI también hay quienes quieren volver a hacernos poco menos que invisibles”, apunta. Apunta a determinados “sectores políticos” a los que acusa de haber recurrido a la ‘ingeniería social’ a costa de las mujeres para negar “que seamos diferentes a los hombres, lo que no presupone la desigualdad y muchos menos que tengamos que tener un derecho menos que ellos”.

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Se muestra muy crítica con algunas de las corrientes que en España están liderando el mensaje feminista en la actualidad. No comparte la llamada ‘cuarta ola’ “por su actitud fundamentalista y ‘adanista’”: “Algunas piensan que el mundo y el feminismo han comenzado ahora, con ellas. No, la lucha feminista lleva muchas décadas, es la lucha de muchas mujeres que han estado empujando para que la situación cambie en favor de la consecución de derechos y libertades”. Asegura que un debate como el de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no se puede plantear desde actitudes propias “de un pensamiento totalitario y uniforme”: “Eso de que es esto lo que hay que pensar porque es lo correcto… No. Vamos a debatir, hablemos, escuchémonos los unos a los otros”.

En este mismo contexto sitúa normas como la ‘Ley Trans’. Defiende que se deba dar una respuesta legal a las personas transexuales, “pero no así”. “Para arreglar un problema no se puede decidir suprimir a las mujeres de un plumazo”, asegura Navarro. Lamenta que en realidad lo que se hace es “borrar a las mujeres”: “Ser mujer no es una decisión, es un hecho biológico y por tanto no se puede reducir a las mujeres a ‘seres gestantes’ o menstruantes. No, yo soy mujer, no lo he elegido, es biológico. Me parece frívolo decir que esto va de algo ‘a la carta’”.

Por último, señala que el debate en torno al feminismo está abierto para todos, también para los hombres que lo deseen, “que pueden participar libremente”. “Hoy no hay ninguna cortapisa para expresar su opinión”. Asegura que la única limitación debería ser hacerlo desde el respeto “y no desde la arrogancia, la soberbia y el intento de imponer una uniformidad en el pensamiento sin mandar al infierno a todo aquel que piensa distinto a nosotros”.

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