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Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades


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Manuel Ferrer Muñoz. La cuestión de los nombramientos en la Universidad Yachay Tech

yachay tech

El informe que sigue ha sido elaborado con base en informaciones fidedignas y contrastadas, y descubre un panorama que, sin crear alarma social -desgraciadamente el tipo de maniobras que aquí se desvela es común en las universidades públicas del Ecuador-, debería sacudir las conciencias de quienes asumen cargos directivos en las instituciones que tienen a su cargo la Educación Superior en Ecuador.

Desde el Servicio de Asesoría sobre Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades rogamos a nuestros lectores que den difusión a esta denuncia y que colaboren en la promoción de una campaña por la moralización de la vida pública en el ámbito universitario.

No obstante el triste desenlace de la convocatoria que nos ocupa, seguiremos informando y asesorando a los usuarios de nuestros servicios, a sabiendas de que -con carácter general- el mérito no basta en la mayoría de los casos para acceder a nombramientos en universidades públicas del Ecuador. Pero hay que concurrir a esos procesos y denunciar irregularidades cuando corresponda. Por ejemplo, véase Prueba del fraude de ley protagonizado por una concursante jubilada, a que nos referiremos más adelante.

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Nos llega información muy preocupante sobre los criterios que han prevalecido en Yachay Tech en el primer proceso de concurso y oposición para cubrir plazas de docentes. Ciertamente el caso de esta universidad no es único, por desgracia; pero, por tratarse de una institución emblemática y por la magnitud de las prácticas abusivas, lo que está ocurriendo ahí adquiere una gravedad inusitada.

Según los datos que manejamos, de las sesenta y cuatro plazas que se convocaron en el Primer Concurso Público de Merecimientos y Oposición para el Ingreso de Personal Académico Titular, dos han quedado desiertas y la casi totalidad de las restantes se ha adjudicado al único candidato que se presentó y pasó la fase de méritos que, “casualmente”, era conocido (pana a fin de cuentas) de quienes se hallan al frente de las áreas de conocimiento para las que se requerían esos nombramientos. Eso explicaría que los títulos de pregrado y de doctorado exigidos en la convocatoria coincidieran sistemáticamente y con precisión de neurocirujano con los de los candidatos que se presentaron como únicos aspirantes: por explicarlo de un modo gráfico, el perfil requerido en la convocatoria respondía al retrato robot del aspirante para el que se reservaba la plaza.

Para excluir a candidatos “no oficiales” en la fase de méritos, en algunos casos se ha discriminado a quien poseía titulaciones que de un modo caprichoso e ilegal se consideraron no adecuadas para el perfil requerido. No han faltado casos en que un candidato ha debido recurrir esa disposición, aportando titulación de la UNESCO a fin de remover esos obstáculos malintencionados.

Los pocos candidatos no oficiales que pudieron acceder a la fase de oposición (contados con una mano) han debido hacer frente a decisiones muy discutibles. Por ejemplo, una persona a quien se reservaba la plaza estaba ya jubilada -véase Prueba del fraude de ley protagonizado por una concursante jubilada-, a pesar de lo cual pudo presentar su candidatura al nombramiento, cuando el primer inciso del art. 100 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor de Educación Superior señala taxativamente que los jubilados sólo podrán incorporarse “en calidad de personal académico no titular invitado u honorario bajo la modalidad contractual de servicios profesionales o civiles”. En todas las universidades de la República del Ecuador se respeta esta norma, la Constitución también lo deja claro, y cuatro procuradores de universidad lo tienen igualmente claro, pero la connivencia de todos los responsables institucionales de Yachay Tech parece estar (de momento) por encima del derecho y de la ética aplicables al común de los mortales.

Otra irregularidad registrada en algún caso ha sido la exigencia del 75/100 en la fase de oposición, cuando el reglamento y las bases limitan ese baremo exclusivamente a la fase de méritos. Y otra anomalía asombrosa más es el hecho de que algunos decanos y responsables del proceso de concurso de méritos y oposición invitaran a los candidatos oficialistas a que propusieran los listados de los miembros de los tribunales que habrían de evaluarlos (¡en esta comedia procedimental los candidatos propusieron los nombres de las personas que iban a examinarlos!).

Para completar este somero cuadro de extravagancias burocráticas, dignas de figurar en un manual de prácticas fraudulentas, bastaría registrar el hecho de que los propios docentes de Yachay que aspiraban a plazas de nombramiento fueron informados con anticipación de los cronogramas, plazas y características de las mismas, mucho antes de que se hiciera pública la convocatoria. El ventajismo que esto representa salta a la vista con sólo considerar que se dieron cinco días a los postulantes a la convocatoria para la preparación de carpetas que solían requerir más de cien documentos de media, sin que se habilitara una plataforma online como es habitual en estas convocatorias, que incluso suelen prever la opción de entrevistas vía Skype.

Podrá decirse que el fraude en los procesos de selección del profesorado es una plaga difundida en universidades de todo el mundo. Pero ¿será ésta una razón suficiente para seguir tolerando la sistemática burla de la legalidad en las convocatorias de plazas que realizan las universidades ecuatorianas?

A lo mejor es más práctico y menos costoso que nos quitemos la careta y que cada universidad conceda la plaza a amigos de los amigos, en una perpetua y ferviente rememoración de la reciente festividad de San Valentín, que honramos como el día del amor y de la amistad.

Un espectador malintencionado que asistiera a este esperpento concluiría que Yachay Tech está en manos de una cuadrilla que se ha apropiado de la institución, y que al resto de ciudadanos -sean o no académicos- se les ha asignado el papel de pagadores de la fiesta y de los roles de pago de unos aprovechados.


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Patricio Pérez. Yachay: De un sueño… ¿a una gran pesadilla?

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Este segundo artículo de Patricio Pérez, director del diario El Norte, que se publica en Ibarra (Imbabura, Ecuador), vuelve a poner el dedo en una llaga sangrante como es este proyecto semifallido por falta de realismo, por haberse llevado a cabo al margen de la academia, y por una gestión económica lamentable.

Estamos seguros de que colegas docentes de Yachay querrán incorporar sus puntos de vista y enriquecer esta perspectiva de análisis, que interesa mucho a quienes seguimos de cerca los avances -y retrocesos- de la investigación en el querido Ecuador. No en vano el Servicio de Asesoría sobre Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades se gestó durante los últimos meses que su director, autor de estas líneas introductorias, pasó en Ecuador, descorazonado por entonces a causa de los obstáculos y enredos de gente menuda e insignificante, engañada con una pretendida autosuficiencia que inevitablemente conduce al empantanamiento y atasco de las instituciones donde los pequeños mequetrefes se regodean con su pretendida auctoritas.

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Quién hubiera pensado que uno de los grandes proyectos calificados de “emblemáticos” en el anterior gobierno de la “Revolución Ciudadana”, en el que se invirtieron millonarios recursos económicos, ahora, y luego de transitar entre las presuntas corruptelas, malos diseños, falta de control y seguimiento, esté en terapia intensiva y viviendo con poco oxígeno, según lo que la población y las autoridades han podido evidenciar en los últimos tiempos.

La empresa pública Yachay EP fue creada mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1457 el 13 de marzo de 2013 con un dictamen de prioridad emitido por SENPLADES el 12 de septiembre de 2012 y actualización de su vigencia el 12 de diciembre de 2014.

El proyecto fue ejecutado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación -SENESCYT- hasta el mes de marzo de 2013 y en el mes de abril de ese mismo año pasó a ser ejecutado por la empresa pública Yachay EP.

La Ciudad del Conocimiento Yachay, ubicada en el cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura, tiene una área aproximada de 4 462 hectáreas.

Se la consideró como la Ciudad Planificada “donde se desarrolla la investigación y los aplicativos tecnológicos necesarios para alcanzar el buen vivir, en un ecosistema de innovación que genere y potencie emprendimientos”.

El núcleo de la nueva ciudad se concebía como la sinergia entre la academia, sector público y privado, en el cual la articulación de la Universidad Yachay Tech, los institutos de investigación, los centros de transferencia tecnológica, empresas innovadoras y diversas instituciones -públicas y privadas- aportarán a la generación de investigación experimental o aplicada, mediante la innovación y el conocimiento. En Yachay se vinculan las necesidades de innovación, el desarrollo de negocios e investigación, orientadas al cambio de la matriz productiva, pero… otra es la realidad.

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Patricio Pérez. Yachay, ¡una radiografía que causa terror!

 

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 La idea “revolucionaria” de generar una Ciudad del Conocimiento en un pequeño rincón de nuestro país como es Urcuquí, en principio tuvo el aplauso y la aprobación de todos los ecuatorianos.

Se abría un espacio para la innovación, la tecnología, los jóvenes talentos del país y claro, muchos se imaginaron -por lo menos así lo pintaron quienes defendían políticamente el emblemático proyecto- de que nuestro país, al fin, cambió su mentalidad, de que pisábamos firme sobre terreno fértil en un tema delicado como es la educación superior, más aún, cuando en gobiernos anteriores, para procesos de investigación en las universidades, había raquíticos presupuestos o simplemente cero dólares.

El último gerente de Yachay EP, Jorge Martínez (presentó su renuncia irrevocable el pasado 22 de febrero), quien heredó los problemas que se generaron en la anterior administración de la Ciudad del Conocimiento, tuvo que, obligadamente, reajustar el proyecto en varios componentes. Por ejemplo: si IFEZ (empresa coreana que realizó el Plan Maestro) ubicaba 1 582 hectáreas de superficie urbana, en la reprogramación bajó a solo 438 hectáreas; en las vías internas de la ciudad se habló de 108 kilómetros, con la reprogramación se redujo un 73% y quedó en 29 kilómetros. Lo mismo sucedió con el sistema de agua potable y alcantarillado (67%); soterramiento eléctrico y de telecomunicaciones (19%); iluminación vial (65%); distribución de medio voltaje (23%); fibra óptica que IFEZ lo consideró en una extensión de 45 Km. se redujo a 35 Km., lo que supuso una reducción en la reprogramación del 22%. Todo esto obedeció a lo que en realidad significaban los recursos económicos en el año 2017, ya cuando el país empezó a soportar la crisis.

El proyecto Ciudad del Conocimiento tenía 431 millones de dólares que es el monto ejecutado entre el período 2012-diciembre 2018, en un área de construcción que se acerca a los 124 206 metros cuadrados.

En referencia a una aseveración del rector de Yachay Tech, Eduardo Ludeña, de que solo está invertido el 18%, Jorge Martínez aclaró que “se refiere solo a los edificios, pero sin contar instalaciones, aceras, vías, valor de expropiación, etc.”

LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEBEN TERMINARSE EN EL AÑO 2020

El Plan Maestro Ciudad del Conocimiento Yachay fue realizado por la empresa coreana IFEZ (contratada por SENESCYT) a un costo de 10 millones de dólares. Preveía 35 años de desarrollo con una inversión de 5 680 millones de dólares y establecía una primera fase de 1 041 millones de dólares. En aquellos inicios -cuando todavía no existía la empresa pública Yachay-, IFEZ define que el Plan Maestro se haría en cuatro etapas (Dinamización, Maduración, Estabilización y Consolidación) con los años perfectamente establecidos. En cada etapa se definían también las tareas que debían hacerse. En la etapa de DINAMIZACIÓN (2012-2020), priorizado por SENPLADES, se contempla la construcción fundamental de infraestructura (Foto) y equipamiento.

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Javier Cortés. Los cerebros más cotizados se escapan de la universidad

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También en España cuecen habas. Den un vistazo, para comprobarlo, al triste panorama investigador que se traza en estas páginas. Por eso desde SAICSHU apostamos por el trabajo en redes y el acompañamiento a los jóvenes investigadores.

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Después de su doctorado en EE UU, al que accedió gracias a una beca Fullbright, la investigadora Irene Arias era consciente de que existían maneras de saltarse la cláusula que le obligaba a salir del país. Sabía que podía quedarse para realizar allí su trabajo en el campo de los metamateriales —materiales capaces de generar propiedades no presentes en su naturaleza que se aplican en micromotores, farmacia y sensores, entre otros—, pero no entraba en sus planes: quería tratar de desarrollar su carrera en España.

Por este motivo, cuando le ofrecieron una plaza en la Universidad Politécnica de Cataluña, no se lo pensó dos veces. Ahora puede presumir de haber conseguido la beca ERC Starting Grant, del Consejo Europeo de Investigación, y el ICREA Acadèmia Award, entre otras ayudas que le han permitido seguir adelante con su vocación investigadora.

Casos como el de Arias no son fáciles de encontrar. Entre 2010 y 2015, el número de investigadores en el sector público español se redujo un 13%, según un informe de la Comisión Europea. En otras palabras: en este tiempo, el país perdió más de 10.000 investigadores.

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Grado en Historia. Universidad a distancia de Madrid (UDIMA)

udima

UDIMA abrió el Título del Grado en Historia en 2009. Éste tiene como finalidad presentar un panorama general de los procesos históricos desde la Prehistoria al mundo actual, de las controversias y debates sobre los límites del conocimiento histórico e iniciar a los estudiantes en las herramientas y procedimientos básicos que utilizan los historiadores para preguntar al pasado (análisis historiográfico, método comparativo, construcción de hipótesis, trabajo conceptual, desarrollo del sentido histórico del tiempo y el cambio). A través de las técnicas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se prepara a los futuros profesionales para realizar con seguridad y excelencia la investigación y la enseñanza de la Historia.

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Los títulos de Atlantic International University

Atlantic

Según información de la propia página de Atlantic International University (AIU), esta institución no está acreditada por la Secretaría de Educación de los Estados Unidos: “aunque los programas individualizados de aprendizaje a distancia de AIU son distintos de los de las instituciones educativas tradicionales, estamos convencidos de su validez y aceptación mundiales. Los programas no tradicionales son importantes porque reconocen el conocimiento adquirido fuera del salón de clases e incorporan una visión más amplia de la experiencia de aprender. Es precisamente este reconocimiento y visión los que presentan un reto para la Comunidad Académica establecida. Muchas grandes instituciones son independientes. Le invitamos a comparar nuestros programas con los programas tradicionales para determinar cuál es el más adecuado para sus necesidades y presupuesto. AIU tiene acreditación privada de la Accrediting Commission International (ACI) que obtuvo desde 1999, aunque la ACI no está regulada por el Departamento de Educación de Estados Unidos”.

Ciertamente las titulaciones de la AIU generan muchas dudas, por la opacidad de una institución que radica en Hawai y que expide unos títulos cuya validez no es reconocida en varios estados de la Unión (casos de Oregon y Maine), y que tampoco son homologables en algunos países. Sin entrar en el fondo de la cuestión, desaconsejamos los estudios en AIU a quienes buscan obtener un título universitario susceptible de homologación en otro país, por la incertidumbre del marco jurídico y las sospechas que, con inquietante reiteración, se ciernen en torno a esta Universidad.

Lectura recomendada


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Alexandra Kennedy-Troya, Docentes maltratados

bullying

El escrito que hoy acogemos en la Red de SAICSHU responde a las reivindicaciones de la Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, y traza un sombrío retrato del actual panorama de la educación superior en el Ecuador. El párrafo final contiene un listado de varias de las razones por las que el director de SAICSHU, autor de estas líneas introductorias, optó por presentar su renuncia en la universidad donde desempeñaba su trabajo, en la ciudad de Ibarra.

Basado en esa experiencia personal, quien suscribe estas líneas preliminares puede dar fe de la irresponsabilidad con que actúan algunos decanos, conscientes de que son inviolables, porque fueron puestos a dedo por quienes detentan el poder (“detentan” en el sentido literal de la expresión, que puede consultarse en el diccionario de la RAE).

Asimismo constato, por experiencia propia, la descarada discriminación en la asignación horaria y el matonismo con el que se trata de amedrentar a los pocos que no se resignan a la condición de borregos, con el cobarde recurso al cese injustificado y tendencioso de la contratación laboral.

En mi caso particular agregaré que, después de haber presentado mi renuncia (las razones de esa renuncia claman al cielo), el decano de la facultad de la universidad pública donde impartía docencia en la ciudad de Ibarra dejó de entregar el preceptivo informe sobre el desempeño de mi tarea investigadora, con el descarado objetivo de impedir por ese medio que pudiera tramitar mi liquidación. Lo asombroso del caso es que, a pesar de haber denunciado esos manejos al rector de la institución, el pequeño y cobarde matón se salió con la suya. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio.

Y ahora les dejo con el muy interesante y sugerente artículo de Alexandra Kennedy-Troya.

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La ley Orgánica de Educación Superior (LOES) expedida en el 2012 tuvo un impacto inusitado en el mundo de las universidades públicas. Supuso la pérdida de su autonomía, la centralización del poder en una figura emblemática del correato –René Ramírez- y, entre otros, la capacidad de imponer a los rectores designados por el gobierno. A su vez estos nombrarían a los decanos de las facultades dotándoles de un poder claramente alineado a los designios y necesidades del gobierno en cuestión. Se dio inicio al sectarismo y en consecuencia a la corrupción como correlato del mismo. El sometimiento se hizo cada vez más notorio, paralelo a la inyección de petrodólares invertidos en educación.

[…]

A partir de la crisis petrolera agudizada en el 2016, los recortes a la educación pública son fortísimos. Se han detenido los concursos para plazas estables; algunos decanos contratan a amigos y parientes poco preparados; hay una discriminación perversa en la asignación horaria. La frustración que viven buenos profesores/investigadores, algunos de los cuales llevan 10 o más años esperando estabilidad laboral, es inhumana. Si no te allanas, el semestre que viene sorpresivamente no te contratan. Se han perdido colegas de gran valor y se ha dejado sin voz a los contratados, atemorizados de perder su espacio. El debilitamiento del entorno educativo y la precarización del trabajo son un hecho. Se ha perdido la confianza entre docentes y sus superiores, se incrementan los chismes y las sospechas.

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