La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las Fundaciones Atresmedia y Anar se han sumado a la campaña «A un click de ayudarles» de la Asociación Europea para la Transición Digital, para advertir a las familias de los riesgos que los menores afrontan en Internet.

De esta manera, la iniciativa trata de incentivar un papel «más activo» de los progenitores ante la actividad online de los menores de edad, y así, alertar de sus riesgos –como el ciberbullying, la incomunicación o los problemas de autoestima– y de las peculiaridades de modelos de negocio de plataformas y las redes sociales, basados en el perfilado de los datos de los menores para su posterior mercantilización a través de la publicidad.

Para informar de los riesgos, la campaña ofrece información para guiar a los niños en su actividad online, como consejos prácticos para que los menores naveguen por un entorno digital «sano y seguro»; contenidos audiovisuales destinados a niños y jóvenes sobre la gestión de la información y «La guía que no viene con el móvil», con las diez claves que las familias deben tener en cuenta antes y después de regalar a su hijo o hija un teléfono, entre otras recomendaciones.

Así, la AEPD llama a la reacción de ciudadanos para defender una digitalización que respete especialmente a los menores, un colectivo vulnerable. «Se trata de una labor colectiva que debe ir acompañada de una regulación exigente de la UE, en defensa de sus ciudadanos y muy especialmente de los menores de edad», señalaron desde la AEPD.

Según el Informe Anual 2020 del Teléfono/Chat Anar, en los últimos seis años casi se han duplicado las peticiones de ayuda a la asociación de niños y adolescentes, con un aumento muy significativo de los problemas de autoestima, ansiedad y tristeza y depresión. «El uso de la tecnología y el acceso a las redes sociales están implicados en todos estos fenómenos y los atraviesan y potencian de forma transversal», ha destacado la Fundación Anar.

Desde el 23 de mayo la campaña de comunicación «A un click de ayudarles» se difunde de manera gratuita a través de todos los canales televisivos (Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega, Atreseries) y radiofónicos (Onda Cero, Europa FM, Melodía FM) del Grupo Atresmedia, así como en la página web de la Fundación Atresmedia y en sus redes (Instagram, Twitter, Facebook).

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Un profesor de Enseñanza Secundaria Obligatoria, agotado de soportar faltas de respeto: «Lo quiero dejar»

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Marc, un profesor de Barcelona, ha explicado en Twitter la situación que vive cada día en las aulas de su instituto. Faltas de respeto de sus alumnos y malas contestaciones son la tónica general en el puesto de trabajo de Marc, pero también de muchos otros profesores a lo largo y ancho del país.

El joven ingeniero que sacó hace solo cinco años una plaza como docente confiesa que no puede más. «Quiero dejar este trabajo», aseguraba en Twitter, y añadía: «Para lo que cobro y lo que tengo que soportar, me busco un trabajo diferente». Cinco años le han bastado para que su ilusión, la docencia, se convirtiese en una pesadilla.

Las muestras de apoyo y comentarios de colegas que encuentran a diario esta situación no se han hecho esperar, y el debate queda servido: ¿de quién es la culpa de que ya no se tenga respeto por el profesorado?

Algunos consideran que es del sistema educativo, que cada vez parece más permisivo con los alumnos y, al no haber represalias, ellos se ven con mayor libertad. Otros, en cambio, echan la culpa a las familias.

Por último, también hay quienes, viendo el panorama en los institutos, se desmotivan incluso antes de comenzar a impartir clases.

Responsabilidades aparte, las faltas de respeto y educación son algo que, desgraciadamente, sufren muchos profesionales de la educación a todos los niveles.

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Los internos de un centro penitenciario pueden seguir manteniendo sus pensiones de jubilación, incapacidad permanente, invalidez, viudedad u orfandad, si han tenido un trabajo en la cárcel, pues el Estado ha cotizado por ellos. ¡Presos sí, investigadores no! De lo que se deduce que, para la jubilación, es mejor pasar una temporada en prisión trabajando entre rejas que ser profesor en un aula de la Complutense o investigador en un laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología, donde se investigan las vacunas contra la covid.

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Durante la estancia en Cuba de un español con beca de Formación de Personal Investigador (FPI) para realizar su tesis doctoral, un cubano, profesor universitario, le contó que había renunciado a su puesto en la universidad de La Habana para trabajar de taxista, ya que ganaba más dinero con las propinas que con su sueldo de docente. Nuestra patria va camino de convertirse en algo parecido, pues casi cualquier trabajo es mejor que ser investigador o docente universitario.

Para llegar a ser profesor universitario y/o investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), o en algún centro con capacidad de innovación científica reconocida, se requiere, como paso previo, poseer un doctorado y luego seguir atesorando los correspondientes sexenios de investigación que demuestren las aportaciones a la ciencia (un sexenio es ante una agencia estatal que certifica el rendimiento de un investigador en seis o más años de trabajo).

La mayoría de los profesores e investigadores españoles han pasado un largo proceso de pruebas y concursos de méritos, empezando sus carreras investigadoras con becas de pre-doctorado (4 años), en algunos casos seguidas de becas postdoctorales en España y/o en el extranjero, becas de reincorporación de investigadores, de talento, a la comunidad científica española, becas Fulbrigth, etc.

Para conseguir becas, llamadas de excelencia, se pasaba una dura selección. Por citar un ejemplo, para las 10 ó 12 becas que se convocaban anualmente de FPI se presentaban más de 10.000 candidatos.

En el caso de los becarios de investigación anteriores a 2011, este largo periplo como becario llevó aparejado sueldos muy bajos (en muchos casos, poco más que el sueldo base) y pudo prolongarse en el tiempo una década. El Estado se ha negado a reconocerlos como trabajadores y no han podido cotizar a la Seguridad Social por el trabajo realizado, algo que reivindican. La normativa vigente entonces en España no obligaba a sus empleadores a cotizar a la Seguridad Social, como sí obligaba para el resto de trabajadores.

A día de hoy, el Estado no ha querido, ni quiere, darles de alta en la Seguridad Social y que computen los años de becario como tiempo trabajado, a pesar de haber estado buena parte de estos mal llamados becarios trabajando en universidades y en centros de investigación públicos. Esto afecta a su edad de jubilación y a la paga que recibirán cuando se jubilen. Una injusticia y un agravio comparativo frente a los actuales investigadores pre y postdoctorales, a los que buena parte de ellos están formando, que trabajan con contrato y cotizan a la Seguridad Social.

Esta situación amoral supone que, cuando a estos investigadores les llega la hora de la jubilación, algunos de ellos se encuentran con que por haber dedicado su vida a la ciencia, a la investigación, al conocimiento, en definitiva, al bien común con su trabajo, no van a cumplir los requisitos para cobrar una jubilación completa, al no haber cotizado los años que la Seguridad Social exige.

Nuestros científicos y profesores universitarios llevan años peleando para que se les reconozcan los años de vida laboral como en los que fueron mano obra barata en universidades y/o centros de investigación, como años que computen para su jubilación.

Aunque puede parecer mentira, el Estado no se autoabonaba sus cotizaciones para la Seguridad Social, jubilación y desempleo. Un becario de predoctorado, cuando se terminaba su beca de 4 años, no había cotizado ni un solo día para su futura jubilación. No tenía derecho a paro, a pesar de haber estado trabajando, pues el Gobierno español lo consideraba estudiante a pesar de dar clases, estar integrado en proyectos de investigación punteros, etc. Eran mano de obra barata que los gobiernos de turno utilizaban abusando de su posición y de la vocación de sus futuros profesores universitarios e investigadores.

Desde hace unos años, estos colectivos, fundamentales para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento en España, llevan pidiendo desesperados amparo al Defensor de Pueblo (un catedrático y exrector) para que sus años trabajando como becarios les computen como años trabajados de cara a su futura jubilación.

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