En España no se respeta el derecho de los menores a ser educados en el seno del hogar.

Más allá del interés coyuntural del discurso de Rallo, alentado por la situación excepcional que se generó a raíz de la pandemia, se plantea la cuestión de que el Estado no puede sustituir a los padres, tutores legales de los hijos, en la responsabilidad que les compete en el importantísimo ámbito de la educación.

Los partidos políticos se inhiben de intervenir en la defensa de ese derecho: por su mentalidad totalitaria, por su indiferencia o por su cobardía, temerosos de que la apuesta por la educación en casa no les reporte apoyo electoral. Por tanto, las libertades y derechos de los ciudadanos quedan conculcados en beneficio de las ventajas que reporta a las formaciones políticas el ejercicio del poder: una muestra más de la intolerable tiranía que ejercen los partidos políticos, que se han arrogado por la vía de los hechos la soberanía que corresponde a los ciudadanos que dan vida a la Nación.

Toca, pues, a la ciudadanía incorporar esta cuestión al debate público.

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