Cuesta creer que esto esté ocurriendo en México, que ha padecido en sus carnes la brutalidad de las autoridades fronterizas del poderoso vecino del norte. Pero, a fin de cuentas, ¿qué son cuarenta migrantes muertos, achicharrados en una cárcel?: tan sólo la amarga medicina que hay que hacer tragar a quienes creen que pueden pasearse de un lado para otro, sin papeles que los respalden, por el mero capricho de escapar de la violencia pandillera, de la miseria, o –lo que ya es el colmo- porque se han atrevido a aspirar a mejorar sus condiciones de vida (a fin de cuentas, lo que han hecho centenares de miles de mexicanos, durante muchos años, que buscaron en Estados Unidos lo que se les negaba en su tierra).

Y López Obrador, simpático él, asegura que no habrá impunidad para nadie, tampoco para los funcionarios que escaparon de las instalaciones en llamas mientras decenas de detenidos se hallaban encerrados en sus celdas. ¿Qué crédito merece un presidente de los Estados Unidos Mexicanos que, de modo servil y en flagrante contradicción con su discurso político de toda una vida, se ha supeditado a los intereses de los Estados Unidos de América? (Manuel Ferrer Muñoz, director y editor de SAICSHU, Servicio de Asesoría sobre Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades).

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Como muchas ciudades fronterizas, Ciudad Juárez se ufana de recibir a gente proveniente de fuera. La vibrante comunidad, ubicada en el norte de México, en la frontera con El Paso, Texas, ha vivido distintas oleadas migratorias.

Algunos forasteros llegaron atraídos por la promesa de un trabajo en una maquiladora. Otros van de paso, con la esperanza de cruzar al otro lado. Como muchas ciudades fronterizas, Ciudad Juárez se ufana de recibir a gente proveniente de fuera. La vibrante comunidad, ubicada en el norte de México, en la frontera con El Paso, Texas, ha vivido distintas oleadas migratorias.

Algunos, sin quererlo, terminan sus días en la ciudad. Así sucedió hace unos días cuando varias decenas de migrantes murieron al incendiarse un centro de detención operado por el Instituto Nacional de Migración de México. El lunes, la cifra ascendió a 40 fallecidos.

La tragedia adquirió particular urgencia al difundirse un vídeo que parece mostrar cómo personas uniformadas se alejan del lugar en llamas mientras quedaban otras tras las rejas. Las víctimas eran de Centro y Sudamérica, estaban en detención temporal y, según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, protestaban porque se habían enterado de que iban a ser deportadas.

Además, semanas antes, organizaciones de derechos humanos habían expresado su preocupación por los operativos que estaban llevando a cabo las autoridades en la ciudad y por el trato otorgado a las personas migrantes.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas están investigando las muertes como un homicidio. Dos días después del siniestro, el gobierno informó que había identificado a varias personas, entre ellas agentes del Estado y guardias privados de seguridad que no habían ayudado a que los hombres detenidos escaparan. Y, para el final de la semana, había cinco personas arrestadas, incluido un migrante que, según se creía, era responsable de iniciar el incendio.

El siguiente lunes, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador comentó que la fiscalía investigaba con la recomendación “de que no haya impunidad para nadie”.

A una semana del siniestro, las autoridades aún no habían brindado toda la información sobre las víctimas.

“Quiero saber qué pasó con mi hermano”, dijo Abel Manuel Maldonado Pérez, un hombre venezolano de 28 años que recorría Ciudad Juárez en busca del cuerpo de su familiar, uno de los fallecidos en el incendio. “Por favor, se los pido de verdad, dennos información”.

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Publicado en The New York Times, El Times, 4 de abril de 2023