Son exactamente veinte años los que marcan la distancia entre la primera elección de Lula en 2003 y su regreso al tercer mandato en 2023, después de sorprendentes vuelcos legales y políticos. A pesar de su gran experiencia, en este tercer mandato el presidente Lula tendrá nuevos y mayores desafíos para cumplir sus compromisos. Los desafíos surgen tanto en términos de retomar la capacidad del Estado para implementar políticas públicas como en la construcción de gobernabilidad, es decir, consolidar el apoyo político y la estabilidad para gobernar, no solo en el Parlamento, sino también con la sociedad.

Los actos golpistas con la invasión de las sedes de los tres poderes el 8 de enero no dejan dudas de que Lula tendrá al menos tres grandes desafíos para asegurar la gobernabilidad: 1) consolidar una base cohesionada en la Cámara de Diputados y el Senado, estableciendo un nuevo acuerdo en relación con las enmiendas parlamentarias; 2) restablecer el compromiso de las Fuerzas Armadas con las instituciones democráticas; 3 ) hacer frente a la extrema derecha organizada en redes, iglesias, cuarteles y calles.

Lula y sus ministros han hecho numerosas declaraciones sobre que la participación popular, ya sea directamente de los ciudadanos o a través de organizaciones, será de gran importancia en su gobierno. Y esto no solo se debe al valor democrático de la participación, sino también a la necesidad de constituir una amplia base social que apoye las políticas gubernamentales y se oponga a los movimientos antidemocráticos de extrema derecha, que, como señalamos, constituyen amenazas para la estabilidad política del gobierno y para la propia democracia brasileña.

El PT gobernó Brasil entre 2003 y 2016. Lula estuvo a cargo de la presidencia durante dos mandatos consecutivos, habiendo terminado el último con la mayor aprobación popular en la historia del país. Brasil había ganado peso y relevancia en la escena internacional, además de destacarse por el éxito de sus políticas sociales en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, Rousseff (elegida por Lula como su sucesora)  enfrentó un escenario económico más desfavorable y vio erosionada su aprobación y apoyo popular en el Congreso, con protestas populares crecientes. A esto se sumó la operación Lava Jato, que reveló escándalos de corrupción en Petrobras, la petrolera estatal. Aunque involucró a políticos de diferentes partidos, sus efectos políticos desestabilizadores se sintieron principalmente en el Partido de los Trabajadores, entonces en el gobierno.

Todo este proceso culminó con el impeachment a Dilma Rousseff en 2016 y el arresto de Luís Inácio Lula da Silva en 2018. Con Lula detenido e impedido para postularse a la presidencia, la derecha y la extrema derecha que venían creciendo desde hace algunos años en la sociedad civil y en el ámbito institucional, lograron elegir a Jair Bolsonaro para un mandato presidencial que comenzó en 2019.

El gobierno de Bolsonaro estuvo marcado por una estrategia de gobierno basada en el conflicto y la difusión de fake news, además de medidas destinadas a desmantelar las políticas públicas, reduciendo el Estado en diversas áreas. El resultado fue un profundo desmantelamiento de las políticas públicas, con el ejecutivo federal actuando en contra de los gobiernos estatales e impidiendo la existencia de acciones coordinadas. El mayor ejemplo de esto fue el caso de la pandemia de Covid-19, cuyo desempeño tardío permitió que ocurrieran muertes prevenibles. Esta desestructuración también tuvo las consecuencias del aumento del hambre, pobreza y desempleo, reducción del desempeño escolar y aumento de la deserción, aumento de la deforestación y conflictos por la tierra, aumento de civiles con armas, de violencia letal, entre muchos otros indicadores sociales negativos.

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En su discurso inaugural, y en varias ocasiones durante el proceso de transición gubernamental, Lula anunció que tendrá tres grandes prioridades en el área social: 1) la lucha contra el hambre y la pobreza, con la renovación del Programa Bolsa Família y los programas de creación de empleo; 2) la mejora de los servicios de salud, con énfasis en la ampliación del Programa Farmácia Popular y el acceso a servicios especializados; 3) y la inversión en educación, con énfasis en la expansión de las escuelas de tiempo completo. Además, se destacan sus compromisos con el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, con la confrontación de las desigualdades sociales, étnicas, raciales y de género, así como la reanudación del protagonismo internacional de Brasil en el ámbito económico y ambiental.

Sin embargo, para garantizar el cumplimiento de esta agenda, además de reconstruir la maquinaria estatal, que fue desestructurada en su capacidad de supervisión y ejecución, Lula tendrá que garantizar la estabilidad económica y política. Para ello, además de asegurar la cohesión de su base aliada en el parlamento, y ampliar su apoyo con los sectores económicos y sociales organizados, Lula tendrá que actuar con fuerza para neutralizar y mitigar posibles acciones disruptivas de sus opositores más extremistas y contrarios a los valores democráticos. A continuación, detallamos tres grandes retos para la gobernabilidad.

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