El balance del primer trimestre de aplicación de la LOMLOE no ha podido ser peor, con profesores sobrepasados por la precipitación de la Administración. La educación en España se adentra en el caos por la irresponsabilidad de quienes se empeñan en reformarla mediante improvisaciones, sin atender las voces de los expertos, y con las prisas por revertir las bases de una sociedad que quieren homegeneizar a su imagen y semejanza.
Si el Estado español sobrevive al vendaval de autodestrucción desatado por un irresponsable presidente del Gobierno que, para prolongar su presencia al frente del Ejecutivo, ha traicionado el mismísimo espíritu de la Constitución y a su propia formación política, alejará para siempre de responsabilidades a los que han llevado al matadero los fundamentos del sistema educativo. Lamentablemente, al menos una o dos generaciones pagarán los platos rotos de la ligereza con que ideólogos radicalizados y fanáticos han querido transformar todo el cuerpo social.
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Los docentes llevaban meses advirtiendo de los problemas que conllevaría la implantación de la ley Celaá este curso, pero el enroque de Educación impidió cualquier aplazamiento. El balance del primer trimestre no puede ser peor, con centros sobrepasados y profesores preocupados por un nuevo sistema de evaluación que ni siquiera se ha aprobado en muchas comunidades. El Ministerio no parece darse por aludido y se empieza a despertar un runrún entre los docentes, que no descartan la huelga.
La tramitación de la LOMLOE fue totalmente esquizofrénica. En plena pandemia, con confinamientos de por medio, el Gobierno se valió de la tramitación de urgencia para evitar la participación de la comunidad educativa. A pesar de entrar en vigor el 19 de enero de 2021, el real decreto que establece los criterios de evaluación se publicó a final del año y los currículos que desarrollan las enseñanzas mínimas no aparecieron hasta bien entrado el año 2022. Esto provocó un importante atasco en la redacción de las normas autonómicas –las comunidades deben pasar sus reglamentos por los órganos consultivos– que coincidieron con el comienzo del curso.
En esta tesitura, los profesores se encontraron a la vuelta de las vacaciones con un modelo competencial desconocido, con una programación de contenidos totalmente distinta y un método de evaluación que permite la promoción con suspensos. Todo ello sin tiempo para prepararse ni capacidad para organizar una formación adecuada. El resultado, como era de esperar, ha sido nefasto.
Ahora los docentes se sienten superados y han trasladado a los representantes de los trabajadores su hartazgo. CSIF, uno de los sindicatos más representativos de la administración pública y que está ganando bastante terreno en el sector educativo, ha registrado centenares de quejas de los profesores.
ICSH 