Uno de los problemas más críticos, que afecta a la sociedad a nivel mundial, es la violencia, que también alcanza al ámbito educativo; fenómeno no ajeno al Ecuador, donde parece estar de “moda”; las cifras señalan que dos de cada diez estudiantes en el país han experimentado durante su vida escolar algún tipo de abuso; esta situación se torna más dramática cuando el abuso cometido es de índole sexual.
El acoso sexual se ha extendido por las instituciones educativas de todo el país. Las cifras son alarmantes: según datos del Ministerio de Educación de Ecuador, entre los años 2014 y 2021 se han reportado 28.154 denuncias de niñas, niños y adolescentes que sufrieron violencia sexual dentro de los centros escolares; pero aún es más espantoso y preocupante conocer que estos actos lascivos son perpetrados por los propios miembros de la comunidad educativa, como directivos, docentes y empleados, quienes tienen la responsabilidad de velar por el cuidado y protección de los alumnos, porque los padres han depositado en ellos su confianza.
Por otro lado, no son pocas las víctimas que, tras vencer el trauma causado por una agresión sexual, logran romper el silencio y realizan la denuncia ante las autoridades, pero por desgracia han sido objeto de intimidación y hostigamiento por parte de sus agresores e incluso han sufrido bullying por parte de sus pares, lo que lamentablemente, en algunos casos los ha conducido al suicido.
De igual forma, las denuncias que llegan a concretarse sufren generalmente de procesos dilatados que caen en un limbo de largos años y muy pocas logran la sanción justa del victimario; la mayoría son archivadas o prescriben, o las sentencias son penas mínimas, lo que propicia a los agresores un velo de impunidad. Esto demuestra que el marco jurídico ecuatoriano y las normativas contempladas en los códigos, leyes, resoluciones y reglamentos dispuestos por el Ministerio de Educación, relativos al acoso sexual, son insuficientes y vulnerables. Esta situación ha hecho que las familias vean con recelo el envío de los hijos a las aulas, al considerar a las instituciones educativas como lugares inseguros.
A este fenómeno cada vez más creciente, hay que ponerle coto y actuar con energía; es urgente que el gobierno y las autoridades pertinentes tomen carta en el asunto y logren revertir esta grave situación.
Corresponde a las instituciones educativas capacitar a los alumnos, padres y docentes sobre los recursos y formas de actuación ante la presencia de un abuso sexual; establecer protocolos y mecanismos para la detección de este fenómeno en el interior de los centros educativos; crear redes de apoyo y acompañamiento a las víctimas durante el proceso de denuncia; implementar campañas contra el acoso sexual; crear espacios de consejería, entre otras acciones.
Por su parte, los docentes deben convertirse en activistas contra la impunidad del abuso sexual en los escolares, propiciar espacios educativos sobre sexualidad, establecer ambientes de confianza y comunicación con los escolares, abogar por el cumplimiento de la justicia y reparación a las víctimas.
ICSH 