En estos documentos, publicados por La Gazeta de Caracas el 2 de mayo de 1815, se recogen disposiciones del gobierno de Simón Bolívar en que se ordena la decapitación de cientos de prisioneros españoles, enfermos incluidos.

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Manuel Hernández González, catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, escribió lo siguiente en La guerra a muerte. Bolívar y la campaña admirable (1813-1814) (Ediciones Idea, 2014): “mucho antes de las ejecuciones masivas de febrero de 1814 en La Guaira y Caracas, los valles de Aragua dejaron una prolija relación de españoles y canarios ejecutados en acto público ante los ojos estupefactos de sus parientes y amigos. El mismo 14 de agosto de 1813, en comunicación al presidente del Congreso de Nueva Granada, el Libertador especificó que «después de la batalla campal del Tinaquillo, marché sin detenerme por las ciudades y pueblos del Tocuyito, Valencia, Guayos, Guácara, San Joaquín, Maracay, Turmero, San Mateo y La Victoria, donde todos los europeos y canarios más criminales han sido pasados por las armas»”.

Citando los escritos del propio dirigente venezolano, Hernández señala que, en Puerto Cabello, Bolívar utilizó a los prisioneros españoles como rehenes para exigir la rendición, amenazando con asesinarlos: “el único medio de salvar a los innumerables prisioneros españoles e isleños que están en mi poder […] a la menor dilación serán exterminados todos“.

Hernández también documenta que, en la localidad de La Victoria, los canarios Mateo de Torres y Francisco Díaz fueron mutilados y degollados salvajemente; y que, en Los Valles de Aragua, “donde la presencia de españoles y muy especialmente de canarios era bien notable, y donde sus redes de paisanaje y parentesco estaban muy extendidas, las ejecuciones fueron muy comunes desde los primeros días de agosto de 1813“. En Carúpano la persecución contra los españoles fue “particularmente despiadada”, y allí “fueron «arcabuceadas» hasta las mujeres“.