Durante la pasada pandemia tocamos fondo. Los gobiernos de los diversos países abusaron a su antojo del margen de acción que les habían concedido las urnas, restringieron las libertades y los derechos individuales, y aprovecharon para estrechar el cerco a las conciencias ciudadanas e impedir así que su obediencia rendida se dejara seducir por tentaciones libertarias.
Si, pasado el tiempo, los tribunales encargados de velar por la salvaguarda de los principios asentados en las constituciones condenaron aquellas restricciones de derechos, anulando los decretos que habían implantado estados de alarma o regímenes de excepción, las condenas quedaron en brindis al sol que apenas generaron una pequeña incomodidad a los que durante meses y de un modo arbitrario se habían hecho dueños y señores de las vidas de hombres y mujeres. Se había impedido de modo estruendoso el control parlamentario, que impide a los gobiernos actuar sin el contrapeso del Poder Legislativo. Y no pasó nada. El precedente es de una gravedad inquietante y, sin embargo, no se ha registrado la alarma social que cabía esperar.
Se ha avanzado con decisión y pleno éxito hacia el mundo feliz que vaticinó Huxley y que también había predicho Orwell. Huxley alumbró una utopía cuyo advenimiento consideraba inminente, en la que la técnica y el progreso científico servirían a los estados para establecer medios de dominación que acabarían por hacer innecesarios los garrotes y los calabozos. Huxley estaba convencido de que los sofisticados sistemas de persuasión, impuestos desde arriba para sujetar las conciencias individuales, conseguirían que la gente amara la servidumbre. Y, tal vez por primera vez en la historia, todo parece indicar que esas ensoñaciones utópicas han ido realizándose de manera cabal.
Domesticadas las conciencias, todo lo demás viene dado por añadidura. Y estamos asistiendo al inaudito espectáculo de poblaciones enteras satisfechas con el yugo que les ha sido impuesto por los amos del poder. De la rebelión de las masas de Ortega y Gasset no queda ni el más remoto recuerdo.
No resulta difícil identificar el camino que ha permitido alcanzar una meta que podía resultarnos inimaginable hace unos cuantos años. Todo pasa por la apropiación de la enseñanza por los estados nacionales, iniciada ya en el siglo XIX, cuando desplazan a la Iglesia, que tradicionalmente había asumido ese cometido, con la no disimulada intención de formar a ciudadanos conscientes de sus deberes hacia la patria. La proliferación, durante un tiempo, de catecismos constitucionales -que en España irrumpen a partir de 1812, cuando se promulga la primera constitución-, es una evidencia clarísima de cómo el Estado pretende suplantar a la Iglesia en el diseño de un sistema de valores indiscutibles a los que debería prestarse una obediencia rendida: quien no acepte y respete esos ‘dogmas políticos’ se convertirá en un apestado que debe ser anatematizado y separado del cuerpo social.
Si la transformación del ‘súbdito’ en ‘ciudadano’, tal vez el logro más importante de la Revolución Francesa, parecía el preludio de una nueva era en que la libertad presidiría la vida política, pronto se evidenció que la buena salud de los estados nacionales requería ciudadanos sumisos y devotos, que delegaran sus derechos en un cuerpo de sesudos representantes que velarían por sus intereses y que les ahorrarían preocupaciones. La nueva élite política, cada vez más profesionalizada, acabó por mutarse en el remedo de la vieja aristocracia y fue arrinconando al pueblo, relegándolo al papel de devota claque, dispuesta siempre a aplaudir la acción de sus representantes… al menos mientras sus mentes no se vieran contaminadas por el ejercicio de pensar por propia cuenta. Y ahí radicaba el peligro que amenazaba potencialmente la estabilidad de las nuevas instituciones: era preciso castrar el intelecto de los ciudadanos, por el bien de la sociedad. Y dicho, y hecho.
Para prevenir los extravíos de intelectos pensantes, los nuevos aristócratas, celosos de la preservación de sus disimulados privilegios, fueron estableciendo un férreo control del sistema educativo que les permitiera adoctrinar a ciudadanos dóciles, incapaces de pensar por sí mismos, simples repetidores de consignas. Por eso, la educación debía ser arrebatada a la familia mediante una hábil prestidigitación que la encomendara a instituciones controladas por el Estado, desde las cuales se velaría por el libre desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos, y por la formación de ciudadanos responsables: palabras grandilocuentes cuya operatividad se ve desmentida por los resultados con lamentable frecuencia. De ahí a la ‘escolarización’ obligatoria no iba más que un paso.
El caso del Reino de España es emblemático de cuanto venimos exponiendo. Si bien la Constitución reconoce el derecho a la educación, no establece el deber de la escolarización, que sí ha sido recogido en las leyes orgánicas de la educación. Y no deja de ser paradójico el contraste entre los bochornosos resultados del sistema educativo español, desacreditado una y otra vez por las instancias evaluadoras supranacionales, y la machacona vigilancia ejercida para que nadie se atreva a educar a sus hijos al margen del sistema: unos controles que adoptan tintes de auténtico terrorismo psicológico, que no excluye la denuncia anónima, como hemos podido constatar en nuestras propias carnes quienes apostamos por la educación en casa. El único argumento esgrimido por las instancias oficiales encargadas de cazar a los que osaron educar a sus hijos por cuenta propia es la cansina reiteración de que así lo dispone la ley: y retarla es un mal ejemplo para los hijos y un desafío irresponsable que podría derivar en la pérdida de la patria potestad.
Así, pues, acudamos a la escuela, reeduquémonos quienes habíamos apostado erróneamente por un régimen de libertad de pensamiento, aprendamos que el festín de las libertades ya terminó y que, por si no nos habíamos enterado, hace ya tiempo que empezó un prolongado ayuno de ideas, amorosamente diseñado por nuestros representantes políticos para que, con la práctica de esa dieta, alcancemos el suficiente grado de estupidez que nos asegure la plena felicidad. Y delatemos a los individuos asociales que osan poner en tela de juicio las sabias leyes que emanan del talento y la abnegación de los dignos y mal pagados depositarios de la soberanía, cuyos nombres deberíamos reproducir con letras de oro en los muros de nuestras ciudades, en esos templos del saber que son las escuelas, en los recintos carcelarios donde más de uno de esos conspicuos legisladores debería ser resguardado durante muchos años… siquiera sea para que dejen de insultarse entre sí y de vomitar procacidades.
ICSH 