Una mezcla compleja
El estallido social durante el paro nacional mostró la cara más activa y pacífica de la ciudadanía, pero también exhibió distintos tipos de violencia (incluida la estatal) y creó una crisis que parece no tener solución.
Cali se convirtió en uno de los epicentros de la protesta, la movilización y la violencia en Colombia. Allí mientras los grupos armados intentan sacar ventajas, la exagerada respuesta del gobierno revela y empeora los problemas políticos y sociales de esta urbe.
La situación actual es complicada y no puede reducirse a los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, ni a la presunta conspiración gestada por las organizaciones criminales que pretenden desestabilizar el país. En realidad, existen muchas capas superpuestas.
Además de su dimensión política y social, el paro tiene implicaciones en el ámbito de la seguridad. Por eso es necesario dialogar sobre la violencia y el papel de quienes la usan. Subestimar este último punto contradice el deber de proteger a los manifestantes y de enfrentar las dificultades de manera diferenciada y proporcional.
Cali: el orden en disputa
Desde mediados de los años ochenta, Cali carga con el peso de ser una de las ciudades más inseguras y violentas de Colombia.
Cali es el centro estratégico de una región marcada por la fragmentación territorial y la proliferación de las economías ilícitas. Esta situación acentuó la desigualdad socioeconómica, la violencia crónica y la corrupción política que afligieron a los ciudadanos.
La violencia en la ciudad surgió como un mecanismo paralelo de orden, distribución de recursos y construcción de legitimidad, desde la presencia del M-19, la respuesta militar y la disputa entre el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín, hasta la implosión del Cartel del Norte del Valle.
Sobre las ruinas de aquellas jerarquías proliferó la actividad de bandas criminales, oficinas de cobro, rebuscadores, mediadores, “traquetos”, sicarios independientes y pandillas que tras casi treinta años no acaban de conformarse.
A diferencia de Medellín, donde una operación criminal cada vez más ordenada desembocó en la regulación criminal del uso de la violencia, en Cali ese orden es fragmentado, con una estabilidad que depende de la capacidad de pagar la nómina.
En la ciudad confluyen tres tipos de violencia:
- La violencia diaria que va desde riñas entre conocidos y desconocidos hasta la violencia intrafamiliar.
- La violencia “autoafirmativa” que ejercen los criminales con poca organización y capacidad armada.
- Y la violencia organizada de quienes tienen poco arraigo territorial, pero mucho armamento y disciplina interna.
Las violencias y el paro
Actualmente la violencia se privatizó y ahora atraviesa las relaciones sociales. En este contexto es importante preguntarse cómo se desarrollan la movilización y la protesta, teniendo en cuenta que la capacidad de respuesta de las instituciones es reducida.
La respuesta no es fácil: no es suficiente con identificar si hay infiltraciones o si las organizaciones criminales están detrás de los hechos violentos. El asunto es saber cómo se expresan y exacerban las condiciones de base en medio del paro.
La situación actual revela las complejidades de la seguridad que atraviesan la vida de los ciudadanos, pero que el Estado suele simplificar con el uso de categorías como las de “riñas”, “intolerancia” o “ajuste de cuentas”.
Por eso importa reconocer (1) La herencia del conflicto armado, (2) El hecho de que las distintas formas de violencia organizada y su privatización juegan un papel importante y (3) la manera infructuosa como el Estado entiende la seguridad —con la inercia de la lucha contrainsurgente y la identificación del “enemigo”.
Tensiones acumuladas
Lo ocurrido el 21 de noviembre de 2019 fue una alerta sobre los riesgos de la desigualdad, el racismo, la exclusión, la corrupción y el uso de la violencia. Pero el gobierno no le prestó atención.
Por eso las restricciones impuestas para contrarrestar la pandemia agravaron la situación y exacerbaron la incertidumbre y exclusión, así como la desconfianza en las instituciones.
Debido a esto la convocatoria del paro nacional conectó los motivos nacionales con los locales (e incluso con los microlocales) que no lograron tramitarse a lo largo del último año.
La movilización que comenzó el 28 de abril fue masiva y pacífica, pero —como ocurrió en noviembre de 2019 —también dio paso al vandalismo, los bloqueos, la destrucción de la infraestructura y los saqueos y hostigamientos a las estaciones de policía. El Estado respondió desplegando el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y otras especialidades de la Policía Nacional.
Esto causó enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. El resultado fue el uso excesivo de la fuerza, la extralimitación de funciones y los casos susceptibles de investigaciones penales (homicidios, lesiones, acoso sexual, omisiones y violencia verbal) por parte de los uniformados. También se registraron civiles armados operando y disparando en conjunto con algunos miembros de la Policía Metropolitana de Cali.
Los rumores proliferan en medio de la crisis; el panorama es confuso y no está exento de estigmatización y acusaciones creadas en el calor de los hechos.
ICSH 