El presidente de Colombia, Iván Duque, prefirió darle una patada al tablero. Optó por militarizar, lejos de tomar en serio un preacuerdo construido durante nueve días entre plenipotenciarios de su gobierno y el Comité Nacional de Paro (huelga), el CNP.
Al cumplirse un mes de la huelga nacional iniciada el 28 de abril, el conservador Duque emitió la noche del pasado viernes un decreto (el 575 de 2021) que impone la «asistencia militar» en ocho departamentos y 13 ciudades, incluidas seis capitales departamentales.
El senador de izquierda Iván Cepeda indicó que, en la práctica, esto sería ni más ni menos que «un golpe de estado», porque «sustituye la autoridad civil por autoridades militares» en un área habitada por unos 12,7 millones de personas, es decir, la cuarta parte de la población.
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