En noviembre, Perú tuvo tres presidentes en diez días. Uno de ellos duró seis días. Y no sabemos si el actual presidente interino, Francisco Sagasti, llegará hasta abril, el mes en el que están programadas las elecciones generales. Y si lo hace, ¿quién lo seguirá? ¿Mi país es ingobernable?
Perú ha vivido ocho golpes militares en el siglo XX. Pero en las últimas dos décadas, el país se había convertido en una democracia relativamente estable, con disminución en los índices de pobreza y un crecimiento económico sostenido. Y, sin embargo, la corrupción se mantuvo profundamente enraizada. Cuatro presidentes recientes estuvieron o están siendo investigados por acusaciones de aceptar pagos ilícitos de Odebrecht, la megaempresa de construcción brasileña que corrompió a casi todos los países de la región. Una intensa campaña anticorrupción sosegó la indignación pública, pero exacerbó nuestro gusto por el canibalismo político.
Todos los esfuerzos de limpiar el pantano han terminado en caos. Y detrás de ese caos hay un enigma crucial: ¿Cómo combatir la impunidad cuando todo el sistema político está podrido, incluyendo a los mismos políticos que, se supone, deben generar los cambios necesarios? Es, naturalmente, una situación complicada, en la que se juega la estabilidad de la nación.
En este escenario, el drama peruano tiene una advertencia para América Latina, una región con corrupción muy extendida. Esto invita a los ciudadanos a desconfiar de cualquier campaña que se presente como una cruzada heroica para erradicar la corrupción prometiendo penas más severas para los funcionarios corruptos.
En Perú, la guerra política alcanzó un punto crítico en los últimos tres meses. Nada estaba fuera de la mesa en la lucha por eliminar a los rivales políticos, incluidas nuevas formas de golpes de Estado. No había necesidad de usar a las fuerzas armadas cuando la Constitución provee algunas lagunas convenientes. Por ejemplo, la oposición en el Congreso puede vacar con rapidez a un presidente con la causal de “incapacidad moral permanente”, un concepto ambiguo que podría referirse tanto a la aptitud mental como moral de un mandatario.
Pedro Pablo Kuczynski, un banquero de inversión retirado de Wall Street, fue elegido presidente en 2016 por un periodo de cinco años. Después de menos de dos años en el cargo, fue forzado a renunciar cuando iba a ser vacado por el Congreso. Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y líder del partido fujimorista, había sido derrotada en las elecciones presidenciales por un margen muy estrecho y se negaba a aceptarlo. Entonces, usó la mayoría de su bancada en el Congreso para destituir a Kuczynski acusándolo de corrupción. Aunque Kuczynski, de 82 años, no ha sido acusado formalmente, ha permanecido en arresto domiciliario por más de dos años.
Así llegó al poder Martín Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, quien conspiró para destituir a su jefe. Al inicio, Vizcarra fue el peón de Fujimori. Pero, en nombre de una cruzada anticorrupción, destruyó al partido fujimorista. Sus índices de aprobación aumentaron y alcanzaron su punto máximo en septiembre de 2019, cuando disolvió el Congreso, una decisión radical que destruyó el equilibrio de poderes y aplastó a una oposición corrupta y desagradable, pero elegida democráticamente. Esto le permitió a Vizcarra gobernar por decreto durante más de seis meses.
El golpe fue justificado por progresistas liberales y activistas anticorrupción como una medida necesaria para impulsar una reforma política. La corte más alta de la nación, el Tribunal Constitucional, aprobó la decisión en una votación de 4 a 3. Después se celebraron elecciones legislativas y, en marzo, se instaló un nuevo Congreso, tan corrupto como el anterior.
En noviembre, los medios noticiosos locales publicaron reportajes en los que se acusaba a Vizcarra de aceptar supuestos sobornos de constructoras cuando fue gobernador de la provincia sureña de Moquegua. Siguiendo las leyes del karma, el Congreso lo destituyó. Unos días más tarde, un juez le prohibió salir del país por dieciocho meses como consecuencia de las investigaciones por corrupción en su contra.
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