Aunque los gremios periodísticos reconocen que, carente de mecanismos de sanción o censura, la orden ministerial que acaba de publicarse en el BOE no supone en sí menoscabo de los derechos y libertades recogidos en la Constitución, han comunicado su desasosiego. El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, expresó su preocupación ante el hecho de que un comité en el Gobierno vigile las filfas: “¿Cómo van a actuar? ¿Qué van a hacer si un medio o un partido político ponen en marcha una campaña de desinformación? ¿Habrá sanciones?”, se preguntó. No, no las habrá, según se puede leer en el BOE, pero eso no mitigó su preocupación. La Asociación de la Prensa de Madrid incidió en la interpretación de la FAPE. Su presidente, Juan Caño, en declaraciones al diario madrileño Abc dijo que teme que el organismo gubernamental “funcione más como censor que como garante de la verdad”. La Asociación de Medios Independientes (AMI) también mostró su preocupación.
Desde la judicatura, en patente tensión con el Ejecutivo desde hace meses, igualmente levantaron la voz contra la medida. Organizaciones gremiales como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria o el Foro Judicial Independiente, tildaron de “inquietante” la orden ministerial, no tanto por lo que dice –que, coincidieron, no afecta a libertades y derechos– como lo que entienden que sugiere, un control administrativo de la información.
Bruselas dijo que estudiará la medida, en tanto ha sido publicada durante el estado de alarma que supone una restricción de derechos fundamentales, pero no emitió ningún juicio previo sobre ella.
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