¿Quién iba a sospechar, cuando el pasado jueves el Congreso ratificó en su puesto a Pedro Sánchez rechazando de forma clamorosa la moción de censura con que se pretendía su cese, que el agradecimiento del Presidente del Gobierno iba a concretarse, apenas tres días más tarde, en el mayor desprecio que nuestro legislativo ha sufrido en los últimos 39 años?
Y es que la pretensión de Sánchez de requerir al Congreso para que prorrogue por seis meses el estado de alarma que acaba de declarar equivale a privar durante ese mismo lapso de tiempo a la institución que más genuinamente representa a la ciudadanía de toda capacidad de decisión sobre la naturaleza o el alcance de las graves medidas que se prevén, sustituyendo su efectiva capacidad de control por la mera rúbrica de un cheque en blanco que trasferirá todo el poder al Presidente y a aquéllos en quienes tenga a bien delegarlo. Amén de encajar tirando a mal con la letra –y aun peor con el espíritu– de la LO 4/1981, de 1 de junio, reguladora del estado de alarma, que en su art. 1.2 establece que tanto las medidas a adoptar como su duración habrán de ser “las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad»: una exigencia de contención abiertamente incompatible con una prórroga de la magnitud de la que Sánchez ambiciona.
Y por si ello no bastara, el Presidente ha dejado ya dicho que aunque la duración inicial del nuevo estado de alarma vaya a ser de quince días, tiene la intención de solicitar su prorroga no ya antes de que éste finalice, sino incluso cuando aun no haya rebasado su ecuador. Lo que cabalmente equivale a obligar al Congreso a pronunciarse sobre la cuestión sin haber tenido ni el tiempo ni los medios suficientes como para verificar si los resultados de la alarma han sido o no los esperados, y si su prorroga es o no conveniente.
ICSH 