Julián Marías, en el segundo volumen de sus memorias, describió la Guerra Civil española de 1936 como «una ola de odio y criminalidad». En la semana de la aprobación de anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, resulta pertinente recordar que el caso de Lluis Companys (detención en Francia, trasladó a España, consejo de guerra y fusilamiento) no es único, si no que hay otros muchos. Un buen ejemplo es el diputado socialista Julián Zugazagoitia. Pero hay más, y en ambos bandos. Sobre todo al principio de la guerra.
Una ola que barrió a españoles de todo signo, porque hubo demasiadas personas que se dejaron ganar por ese sentimiento de odio y que se sintieron impunes para llevar a cabo sus proyectos criminales. Mientras que los militares sublevados tardaron un poco en perfilar su proyecto político, en el territorio que quedó bajo el control de las autoridades republicanas se abrió paso la idea de que era el momento de iniciar la revolución que algunas fuerzas proletarias venían echando en falta. Lo que sí parecía naufragar era el régimen democrático que los españoles se habían dado en 1931.
El resultado inmediato sería un verano y un otoño sangrientos en los que criminales repletos de odio camparon a sus anchas. La idea de la espontaneidad de esas acciones violentas no es de recibo, y no ha sido defendida por ningún historiador serio. En ambos bandos, las autoridades fueron cómplices, cuando no inductoras, de los asesinatos que se cometieron. El de Calvo Sotelo había proporcionado el modelo.
Un demócrata, como lo había sido toda su vida el republicano moderado Melquiades Álvarez González-Posada, no tenía sitio en el Madrid de agosto de 1936 y sería asesinado en la cárcel Modelo de Madrid, en donde estaba bajo la supuesta protección del Estado. Su asesinato, en el que se vio acompañado por los exministros, también republicanos moderados, Manuel Rico-Avello, Ramón Álvarez-Valdés y José Martínez de Velasco, angustió a Manuel Azaña, presidente de la República, y se ha contado que Indalecio Prieto, que visitó el lugar después de los asesinatos, comentó: «Con esto hemos perdido la guerra».
Es muy posible que se trate de una frase apócrifa, pero está en línea con las llamadas a la piedad y a la clemencia que líder socialista había hecho en una alocución radiofónica de unos días antes de los asesinatos. Otro escenario preferido de aquella violencia criminal fue la institución que mejor representaba a la democracia española: el Congreso de los Diputados.
Tragedia
Las investigaciones de quien esto suscribe, presentadas hace unos meses en una sesión solemne de la Real Academia de la Historia, han permitido establecer que casi ciento cincuenta de los que habían sido diputados en alguna de las tres legislaturas republicanas fueron asesinados durante el conflicto, sobre todo en los primeros meses de la guerra. Setenta y siete lo fueron en la parte de España leal al Gobierno y setenta y dos en la zona sublevada. Un resultado muy apretado, como suele decirse en términos deportivos, pero revelador de una tragedia en la que la principal víctima parecía la democracia republicana, que tantas ilusiones había generado en 1931.
Esos diputados asesinados eran personas que encarnaban la soberanía nacional, lo que no parece que les importara mucho a los que perpetraron aquellos crímenes. Tanto en la zona sublevada como en la que permanecía leal al Gobierno de la República, la eliminación de un diputado era una forma simple de minar la fortaleza del adversario y de inutilizar su capacidad de resistencia. No es extraño, por tanto, que los dos partidos que más sufrieron esta represión violenta fueran las dos grandes formaciones de la vida política de aquellos años: el PSOE, en la izquierda; la CEDA, en la derecha.
Entre los casi cuarenta diputados socialistas asesinados durante la Guerra Civil se contaban muchos líderes locales del partido, especialmente de Andalucía y de lo que entonces se conocía como Castilla la Vieja. Entre los veinticinco diputados de la CEDA asesinados se encontraban también muchos dirigentes locales y el joven catedrático Federico Salmón, que había sido ministro de Trabajo durante algunos meses de 1935. Su lealtad a las instituciones democráticas siempre había parecido incuestionable.
Lamentablemente, la represión contra los diputados no terminó con la guerra porque, en los años siguientes, otros treinta y cuatro diputados serían ejecutados, muchos de ellos tras juicios sumarísimos.
Ese fue el caso de Julián Zugazagoitia, que había sido director de «El Socialista madrileño» y diputado por Badajoz en 1931, y por Bilbao en 1936. A él se debe el libro «Guerra y vicisitudes de los españoles», uno de los testimonios más lúcidos y generosos que se haya escrito sobre la guerra, cuando las armas apenas habían dejado de sonar.
A finales de julio de 1940 fue detenido por la Gestapo y entregado a las autoridades españolas. Tras un inicuo juicio sería fusilado a comienzos de noviembre junto con el también socialista Francisco Cruz Salido.
Hay una carta que Zugazagoitia escribe a su mujer en vísperas de ser fusilado, que merecería su pronta publicación por quien la posee y tiene capacidad para hacerlo. Es un testimonio de una extraordinaria altura moral que ratifica lo que ya dejó escrito al final de su libro: «Todo me parecerá soportable antes de envenenar, con un legado de odio, la conciencia virgen de las nuevas generaciones españolas».
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