Resulta significativo el eco extraordinario de la iniciativa surgida en Alemania, donde se ha organizado un grupo de investigación compuesto de profesionales de la salud y de la economía para indagar sobre las medidas adoptadas en ese país para enfrentar la pandemia del coronavirus. Y también llama la atención que el Gobierno de Suecia -un país con un número de contagiados muy inferior al de España, aunque sensiblemente mayor que el de países de su entorno, como Finlandia o Noruega- haya aceptado la propuesta de la oposición de poner en marcha una comisión de investigación para “evaluar la gestión llevada a cabo por el Gobierno, las autoridades administrativas y las regiones y municipalidades durante la pandemia, y determinar las responsabilidades concretas a cualquier nivel”.
También en España empieza a ser clamorosa la petición de un examen imparcial que explique la alta mortalidad en un país que contaba con uno de los mejores sistemas sanitarios y ocupaba la posición 15 en el índice de seguridad sanitaria mundial. Y así lo ha planteado un grupo de veintiún expertos en salud pública a través de una carta a la revista de medicina The Lancet, en que recomiendan una auditoría externa e independiente de la actuación de las administraciones durante la crisis Covid, ante la evidencia de la “pobre coordinación entre el Gobierno central y las autoridades locales”.
“Esta evaluación no debe ser un instrumento para repartir culpas”, advierten en el texto. Tendría que servir para “identificar las áreas de salud pública y del sistema sanitario y de asistencia social que necesitan mejorar”. Y así queda asentado en su conclusión: “animamos al Gobierno español a considerar esta evaluación como una oportunidad que podría conducir a una mejor preparación para la pandemia, para prevenir muertes prematuras y construir un sistema sanitario resiliente y con la evidencia científica en su base”.
La investigación, según este grupo de científicos, debe centrarse “en las actividades del Gobierno Central y de los gobiernos de las diecisiete comunidades autónomas”, y ha de incluir “tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico, y capacidad operativa”, con la finalidad de analizar aspectos considerados decisivos, tales como “Salud Pública, liderazgo y gobernanza, financiación, fuerza de trabajo social y de salud, sistemas de información, prestación de servicios, acceso a diagnóstico y tratamiento, investigación científica y valores de las personas, comunidades y grupos vulnerables”.
La carta de The Lancet abunda en carencias señaladas durante meses por la prensa y negadas por el Ejecutivo. Es clarísima al denunciar “la tardía respuesta de las autoridades”. Por mucho que el Gobierno se haya empeñado en transmitir lo contrario, España no actuó a tiempo, en opinión de los epidemiólogos y epidemiólogas más eminentes del país. “Entre las potenciales explicaciones de nuestro caso se encuentran la tardía reacción y la lentitud en la toma de decisiones”.
El fiasco que siguió al develamiento de las falacias sobre un supuesto comité de expertos de que habló repetidas veces el ministro de Sanidad, jugando peligrosamente con los equívocos, ha determinado la completa desconfianza de la ciudadanía ante las iniciativas que en esa dirección puedan proceder del Gobierno español, por lo que sólo un informe elaborado desde instancias ajenas a los intereses gubernamentales puede presentar visos de fiabilidad. Resulta significativo a este respecto que el presidente de la Organización Médico Colegial haya manifestado que el doctor Fernando Simón, portavoz del Ministerio de Sanidad de España contra la pandemia de coronavirus, no debería ser quien coordinara ese nuevo y ‘auténtico’ comité de expertos.
Lecturas recomendadas:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31713-X/fulltext
https://www.larazon.es/sociedad/20200807/blke5vchyfcaxkeuow4rm67rwq.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200809/deztino3kncwvcycvye3zl2aqa.html
ICSH 
15 agosto, 2020 en 9:24 pm
Cuando era joven, existía un eufemismo llamado sociedad civil. Con ese titulo se englobaba a la gente activa que opinaba y participaba en la sociedad, a pesar de no ser gobierno ni necesariamente pertenecer a instituciones. Es decir, el hombre particular, el sujeto que opinaba. Hoy el poder ha logrado casi borrar todo lo que no es gobierno. Con el presupuesto de la gente reunidas como pueblo se saquea el derecho a opinar, a corregir y a participar su expertise en los temas que le incumben. Ojala la pandemia tenga como riesgo positivo, la organización de la sociedad civil como experta victima de la locura corporativa gubernamental.
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