Dedicamos la anterior entrada del blog al incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Gobierno del Ecuador con más de mil becarios en universidades nacionales y extranjeras, que han dejado de recibir el dinero de las becas por parte de la Secretaría de Educación Superior. Es claro que el Gobierno del Ecuador actúa de modo ilegal e irresponsable, sin reparar en el daño causado a esas personas.

Hoy reproducimos una Carta Abierta de la Asociación de Becarios Retornados del Ecuador (ABRE), que manifiesta su preocupación por la falta de perspectivas laborales satisfactorias y de la vulneración de los derechos como trabajadores de muchos becarios que han regresado al país después de haber terminado sus estudios en el extranjero.

Ciertamente se trata de una situación lamentable, la misma que padecen los profesores universitarios de todo Ecuador, víctimas de abusos que se han denunciado desde estas páginas.

Sí resulta preocupante, por la connotación abiertamente xenófoba que subyace en su planteamiento reivindicativo, que los dirigentes de ABRE recurran, como supuesto agravio comparativo, a la mención de la nutrida presencia de docentes extranjeros en las universidades ecuatorianas. Y esto resulta intolerable. ¿Pretenden que se retiren, para ceder a esos becarios sus puestos de trabajo, personas que abandonaron sus hogares en otros puntos del planeta y, con esfuerzo y tesón, se labraron un futuro profesional en Ecuador? ¿Olvidan, quizá, que la formación de los becarios ha sido posibilitada en instituciones universitarias del extranjero que les abrieron sus puertas sin hacer ascos a su nacionalidad? ¿Piensan, tal vez, que por el hecho de haber gozado de una beca y de ser ecuatorianos tienen derecho a una plaza en cualquier universidad nacional?

Pareciera como si el privilegio de haber gozado de una beca para ampliar sus estudios les concediera un derecho particular sobre el común de los mortales que no pudieron acceder a la beca, o sobre personas de otros países que, por su condición de extranjeras, debieran ser relegadas a un estatuto aparte, inferior al de los ciudadanos ecuatorianos, por la simple razón de que han nacido fuera del país.

La inconstitucionalidad de tales pretensiones no precisa ser argumentada y priva de razón a una Asociación que apenas logra disimular las lacras racistas y xenófobas que tanto la perjudican.