Al hacernos eco de esta nueva «lectura de los acontecimientos», no nos queda sino renovar el más ferviente deseo de que se dilucide la verdad y los auténticos responsables de la tragedia rindan debidas cuentas en el fuero judicial.
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Pablo Iglesias es el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales. El Ejecutivo declaró el pasado 14 de marzo que desde el día siguiente y con la entrada en vigor del estado de alarma, era el «mando único y competente para toda España». Sánchez descargó en ministros como Iglesias, Salvador Illa, Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska la autoridad de la gestión en sus materias correspondientes. De la pandemia del coronavirus que se ha llevado por delante la vida de, al menos, 19.425 personas en las residencias de ancianos, el «número dos» del Ejecutivo no se pronunció hasta el jueves pasado, cuando aprovechó una refriega entre un político de Ciudadanos (Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid) y otro dirigente del PP (Enrique Ruiz Escudero, titular de Sanidad) para pedir una revisión de los cuidados a los mayores. Hoy, 8 de junio, Iglesias se ha subido a la ola de la polémica ya creada y ha atacado a la yugular de dos gobiernos conservadores, Madrid y Castilla y León: «Lo ocurrido en sus residencias es un escándalo, si no un crimen con consecuencias penales».
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La presidenta de la Comunidad de Madrid ha estallado contra un vicepresidente del Gobierno al que durante tres meses no se le ha visto abandonar «su ostentoso» pedestal para visitar una residencia de ancianos, competencia que incluye su cartera. «¿Dónde estaba Pablo Iglesias en los momentos más difíciles? ¿A qué residencia ha ido? ¿A qué hospital ha ido? ¿Cuándo nos ha ofrecido su ayuda?».
En los momentos más difíciles de la pandemia, se quejó, «él, que también tenía ese mando único de las residencias, no ha tenido la dignidad de pisar una sola, ni de salir de su mundo maravilloso para estar con los necesitados», se revolvió.