El escándalo de la consciente y programada desatención de los ancianos internados en residencias y centros de mayores se desboca. Cobran trágico significado unas palabras del ministro Manuel Castells -“cuando no se respeta la ley desde arriba, tampoco hay razón para respetarla desde abajo”-, pensadas ciertamente para otro asunto pero aplicables de modo paradójico a la actuación de las autoridades responsables de la gestión de la pandemia, que apuntan al vicepresidente Iglesias que, el 19 de marzo, informó de que se le había delegado la coordinación de los servicios sociales con las Comunidades Autónomas, incluidas las residencias de mayores.
Los familiares de los fallecidos han empezado a reclamar justicia en los tribunales, y éstos tendrán que pronunciarse.
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La sospecha de que los ancianos que vivían en residencias fueron discriminados en las admisiones de los hospitales durante las semanas más críticas de la pandemia va tomando cuerpo a medida que pasan los días.
La dramática lucha por salvar vidas a toda costa tuvo sus víctimas entre los eslabones más débiles. No todos tuvieron las mismas oportunidades en la “sanidad de guerra” puesta en práctica en aquellos días. Lo ocurrido plantea un dilema ético sin precedentes.
Así lo acredita el testimonio de familiares, directores y trabajadores de residencias y de centros de dependientes y asistentes sociales consultados por este diario.
Estos testimonios constituyen la otra cara de la pugna política suscitada en diversas comunidades –Madrid, Cataluña, o Galicia entre otras– a raíz de la filtración de documentos internos del propio sistema sanitario en los que se daban instrucciones precisas para no trasladar a los sobrecargados centros hospitalarios a personas con determinada edad o determinadas características funcionales o vitales.
