Este informe, elaborado por Sanidad el pasado 24 de marzo y silenciado por la Fiscalía General del Estado, seguía recomendando no sacar a los mayores de las residencias, ni que sus hijos pudieran llevárselos consigo y trasladarlos ellos mismos al hospital. Las consecuencias legales de estas disposiciones, hechas públicas recientemente, pueden ser devastadoras.
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Este segundo informe fue elaborado por Sanidad el pasado 24 de marzo para añadir algunos aspectos en los criterios que debían de seguir las residencias frente al virus. Bajo el nombre de ‘Guía de prevención y control frente al Covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial’, Sanidad recomendó no mover a los ancianos de las residencias. Así en sus primeras páginas se estipula que «se suspenden las salidas del centro para los residentes hasta que una nueva evaluación del riesgo haga reconsiderar esta recomendación».
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El número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas se sitúa en 19.105 según los datos proporcionados por RTVE y las comunidades autónomas y que ya obran en poder del Gobierno -aunque aún no ha facilitado los datos de forma oficial, dos meses después de comprometerse a ello. La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a un 70 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.
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