Por la pertinencia de este artículo, en los momentos muy delicados que se viven en el Reino de España, hemos considerado oportuno recogerlo enseguida en el blog. El ataque que ¡nada menos que un vicepresidente del Gobierno! -por muy segundo que sea- ha lanzado recientemente al Poder Judicial, sin que desde el Poder Ejecutivo haya habido siquiera un gesto de incomodidad, significa un mazazo en la línea de flotación del principio de división de poderes en que se sustentan los Estados democráticos. Si ya hace cuatro años manifestamos desde esta plataforma la creciente decepción de quienes contemplamos con cierta esperanza la aparición de la formación política que encabeza Pablo Iglesias –Podemos, una de cal y otra de arena-, ahora es el momento de alertar sobre los riesgos que comporta su deriva totalitaria.
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Un vicepresidente del Gobierno podrá manifestar respetuosamente su desacuerdo con una sentencia, pero lo que no puede hacer es arrojar una sombra de sospecha de corrupción sobre la judicatura española afirmando -literalmente- que «en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos». Es una injerencia irresponsable, e inaceptable, del poder ejecutivo en la independencia del poder judicial. Por eso suscita perplejidad, y preocupación, que además esa injerencia sea justificada por quien desde arriba podría y debería desdecirlo. Es tan fuera de lugar como si un juez dictara sentencia haciendo notar que aplica una ley que considera injusta, y al mismo tiempo acusara de corrupción, de manera indirecta pero clara, al legislativo que aprobó dicha norma.
ICSH 