Se halla en marcha una recogida de firmas para denunciar al presidente del Gobierno de España y a los delegados de gobierno de diecisiete comunidades autónomas por prevaricación, por haber permitido las marchas del 8 de marzo, con pleno conocimiento de que el coronavirus constituía ya una grave epidemia que amenazaba la salud de los españoles.

Hoy, 25 de marzo, el ministro de Sanidad ha reconocido que fue en la última semana de febrero cuando se produjo el contagio importante en la Comunidad de Madrid.

El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades envió el 2 de marzo un informe a todos los Estados miembros de la Unión Europea, en el que pedía a todos los Gobiernos de la UE que dictaran «medidas de distanciamiento social individual» y les instaba a «considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales», donde hubiera existido algún contagio local de coronavirus. El informe también pedía a los gobiernos que recomendaran a sus ciudadanos evitar acudir a actos multitudinarios, como medida preventiva.

Pese a ello, señala la denuncia presentada por Víctor Valladares, seis días después y «sin seguir las pautas marcadas por la UE», las Delegaciones del Gobierno autorizaron la celebración de las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo, «con la anuencia, sin que existiera indicación o resolución alguna por parte del Gobierno central» para prohibir estas convocatorias.

Y antes, en el mes de enero, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la agencia estatal de investigación adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, había advertido al Gobierno de la “gravedad” del brote de coronavirus.

Pero la obcecación por apuntarse un tanto con una masiva participación en las manifestaciones feministas hizo que el Gobierno de España cerrara ojos y oídos a esas advertencias. Las consecuencias están a la vista.