El martes, 1 de octubre, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció la remisión a la Asamblea Nacional de un paquete de reformas económicas y laborales con las que, según el mandatario, se pretende ‘flexibilizar’ las condiciones de los trabajadores, con la inevitable reducción sustancial de sus beneficios: todo ello en nombre de un supuesto interés común, por lo que la ciudadanía “debía comprender”, según el vicepresidente Otto Sonnenholzner.

Entre otras cosas, esas reformas incluyen la renovación de los contratos ocasionales con un 20% menos de remuneración; el recorte de vacaciones para los trabajadores del sector público (de 30 días, pasarán a disfrutar sólo 15, como en el sector privado), y que los empleados de empresas públicas aporten mensualmente, como mínimo, un día de su salario. También se establece el fin del controvertido subsidio al combustible, con el consiguiente impacto en las economías más precarias y en el sector del transporte, así como en las actividades ilícitas de quienes traficaban con el combustible, causando serios daños a la economía nacional.

La recepción de estas medidas por la ciudadanía ha estado marcada por la indignación y las protestas, hasta el punto de que dos días más tarde se decretaba el estado de excepción.

Eso sí, el Gobierno ecuatoriano satisface así las exigencias del Fondo Monetario Internacional, y se alinea en la ortodoxia neoliberal.

Todo ello de la mano del mismo Lenin. Vivir para ver.