Tras las numerosas denuncias presentadas contra la tramitación del concurso de méritos y oposición convocado por Yachay en noviembre de 2018, el Consejo de Educación Superior (CES) ha solicitado la práctica de una auditoría. En consecuencia, las autoridades académicas de la institución, por requerimiento de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), han suspendido el acto de posesión de los docentes que habían sido seleccionados en ese proceso.

Asimismo, ha renunciado el rector de Yachay, sobre quien planea la amenaza de que salgan a la luz algunas actuaciones suyas no precisamente ajustadas a derecho, por lo que Joaquín L. Brito, canciller de la Universidad, ejerce de rector subrogante, en tanto se produce la toma de posesión de Sprios Agathos, designado rector por la Comisión Gestora.

La Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay ha dirigido un escrito al rector subrogante, que recoge las inquietudes y preocupaciones del personal administrativo ante la situación actual de la Universidad, cuya imagen “podría verse afectada, de comprobarse o de ser ciertos aquellos rumores y comentarios vertidos en redes sociales y que son de dominio público”. Y, para esclarecer ese panorama inquietante, dirigen a la máxima autoridad once inquietantes preguntas. Véase documento adjunto:

Carta pública

Esperamos que la respuesta a esos interrogantes no defraude las expectativas de quienes los han formulado: el arranque del proceso de auditoría decidido por el CES compromete gravemente a las autoridades de Yachay, que contraerían gravísimas responsabilidades si sus explicaciones resultaran no veraces.

Ciertamente, como advertimos en la primera referencia que hicimos a este delicado asunto en el blog, ha podido parecer hasta ahora que la connivencia de los responsables institucionales de Yachay Tech está por encima del derecho y de la ética aplicables al común de los mortales. Eso no obsta para que siga existiendo gente honradísima entre el profesorado y el personal administrativo, y tampoco impide que en algunos casos el proceso del concurso-oposición haya discurrido con apego a las reglas.

De nada sirve el argumento falaz de que estos enredos son patrimonio de la mayoría de las instituciones ecuatorianas de educación superior. En nada beneficia a la verdad proclamar la buena fe y la honorabilidad de los que delinquieron y se mofaron de las normativas vigentes, pretendiendo hacer trajes a la medida de sus caprichos y de sus amistades.

En Yachay habrá que deslindar responsabilidades y determinar, tras la resolución de las impugnaciones y denuncias que se han presentado, en qué casos ha habido prevaricación y abuso de poder. Quienes han violado el derecho deben pechar con las consecuencias de sus actos: y las evidencias, muchas de las cuales obran en manos de quien redacta estas líneas, son tan obvias que el CES dispondrá de argumentos contundentes para apartar de sus cargos a quienes, por acción u omisión, se hicieron cómplices de un atraco.

Como escribimos hace días (Yachay contra las cuerdas), “la repetición del proceso representaría por sí misma un triunfo de la justicia sobre la arbitrariedad. Pero, a nuestro entender, eso no basta. Deben ser removidos de sus cargos quienes desde dentro de Yachay se han hecho cómplices de la sistemática burla de la normativa reguladora de los nombramientos, por propia iniciativa e interés o por cobarde seguidismo plasmado en firmas de las que disponemos de oportunas constancias. Cualquier otra medida resultaría tibia e inútil para impedir que esta vergüenza vuelva a repetirse”.

Detenido el atraco de Yachay, hay que detener a los atracadores.