El informe que sigue ha sido elaborado con base en informaciones fidedignas y contrastadas, y descubre un panorama que, sin crear alarma social -desgraciadamente el tipo de maniobras que aquí se desvela es común en las universidades públicas del Ecuador-, debería sacudir las conciencias de quienes asumen cargos directivos en las instituciones que tienen a su cargo la Educación Superior en Ecuador.

Desde el Servicio de Asesoría sobre Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades rogamos a nuestros lectores que den difusión a esta denuncia y que colaboren en la promoción de una campaña por la moralización de la vida pública en el ámbito universitario.

No obstante el triste desenlace de la convocatoria que nos ocupa, seguiremos informando y asesorando a los usuarios de nuestros servicios, a sabiendas de que -con carácter general- el mérito no basta en la mayoría de los casos para acceder a nombramientos en universidades públicas del Ecuador. Pero hay que concurrir a esos procesos y denunciar irregularidades cuando corresponda. Por ejemplo, véase Prueba del fraude de ley protagonizado por una concursante jubilada, a que nos referiremos más adelante.

_____

Nos llega información muy preocupante sobre los criterios que han prevalecido en Yachay Tech en el primer proceso de concurso y oposición para cubrir plazas de docentes. Ciertamente el caso de esta universidad no es único, por desgracia; pero, por tratarse de una institución emblemática y por la magnitud de las prácticas abusivas, lo que está ocurriendo ahí adquiere una gravedad inusitada.

Según los datos que manejamos, de las sesenta y cuatro plazas que se convocaron en el Primer Concurso Público de Merecimientos y Oposición para el Ingreso de Personal Académico Titular, dos han quedado desiertas y la casi totalidad de las restantes se ha adjudicado al único candidato que se presentó y pasó la fase de méritos que, “casualmente”, era conocido (pana a fin de cuentas) de quienes se hallan al frente de las áreas de conocimiento para las que se requerían esos nombramientos. Eso explicaría que los títulos de pregrado y de doctorado exigidos en la convocatoria coincidieran sistemáticamente y con precisión de neurocirujano con los de los candidatos que se presentaron como únicos aspirantes: por explicarlo de un modo gráfico, el perfil requerido en la convocatoria respondía al retrato robot del aspirante para el que se reservaba la plaza.

Para excluir a candidatos “no oficiales” en la fase de méritos, en algunos casos se ha discriminado a quien poseía titulaciones que de un modo caprichoso e ilegal se consideraron no adecuadas para el perfil requerido. No han faltado casos en que un candidato ha debido recurrir esa disposición, aportando titulación de la UNESCO a fin de remover esos obstáculos malintencionados.

Los pocos candidatos no oficiales que pudieron acceder a la fase de oposición (contados con una mano) han debido hacer frente a decisiones muy discutibles. Por ejemplo, una persona a quien se reservaba la plaza estaba ya jubilada -véase Prueba del fraude de ley protagonizado por una concursante jubilada-, a pesar de lo cual pudo presentar su candidatura al nombramiento, cuando el primer inciso del art. 100 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor de Educación Superior señala taxativamente que los jubilados sólo podrán incorporarse “en calidad de personal académico no titular invitado u honorario bajo la modalidad contractual de servicios profesionales o civiles”. En todas las universidades de la República del Ecuador se respeta esta norma, la Constitución también lo deja claro, y cuatro procuradores de universidad lo tienen igualmente claro, pero la connivencia de todos los responsables institucionales de Yachay Tech parece estar (de momento) por encima del derecho y de la ética aplicables al común de los mortales.

Otra irregularidad registrada en algún caso ha sido la exigencia del 75/100 en la fase de oposición, cuando el reglamento y las bases limitan ese baremo exclusivamente a la fase de méritos. Y otra anomalía asombrosa más es el hecho de que algunos decanos y responsables del proceso de concurso de méritos y oposición invitaran a los candidatos oficialistas a que propusieran los listados de los miembros de los tribunales que habrían de evaluarlos (¡en esta comedia procedimental los candidatos propusieron los nombres de las personas que iban a examinarlos!).

Para completar este somero cuadro de extravagancias burocráticas, dignas de figurar en un manual de prácticas fraudulentas, bastaría registrar el hecho de que los propios docentes de Yachay que aspiraban a plazas de nombramiento fueron informados con anticipación de los cronogramas, plazas y características de las mismas, mucho antes de que se hiciera pública la convocatoria. El ventajismo que esto representa salta a la vista con sólo considerar que se dieron cinco días a los postulantes a la convocatoria para la preparación de carpetas que solían requerir más de cien documentos de media, sin que se habilitara una plataforma online como es habitual en estas convocatorias, que incluso suelen prever la opción de entrevistas vía Skype.

Podrá decirse que el fraude en los procesos de selección del profesorado es una plaga difundida en universidades de todo el mundo. Pero ¿será ésta una razón suficiente para seguir tolerando la sistemática burla de la legalidad en las convocatorias de plazas que realizan las universidades ecuatorianas?

A lo mejor es más práctico y menos costoso que nos quitemos la careta y que cada universidad conceda la plaza a amigos de los amigos, en una perpetua y ferviente rememoración de la reciente festividad de San Valentín, que honramos como el día del amor y de la amistad.

Un espectador malintencionado que asistiera a este esperpento concluiría que Yachay Tech está en manos de una cuadrilla que se ha apropiado de la institución, y que al resto de ciudadanos -sean o no académicos- se les ha asignado el papel de pagadores de la fiesta y de los roles de pago de unos aprovechados.