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Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades

Manuel Ferrer Muñoz. En el Reino de los Papeles

1 comentario

burocracia

Una advertencia preliminar, para que nadie se lleve a engaño: vivo y trabajo en el Ecuador desde hace cinco años, y no puedo sino pregonar las excelencias de un país que me abrió generosamente los brazos.

Lo anterior no quita para que, con espíritu constructivo y deseos de contribuir a que las cosas mejoren, rompa una lanza en favor del sentido común que en ocasiones parece ausentarse de muchas instituciones ecuatorianas, colapsadas por la torpeza de unos procedimientos que estorban su normal desenvolvimiento.

Es de sobra conocida la endemoniada burocracia que rodea la creación y la gestión de una empresa en Ecuador: una maraña regulatoria que, como ha destacado Alberto Acosta-Burneo en un reciente artículo, adquirió un inusitado volumen durante la última década, en la cual “proliferaron los requisitos, reportes, permisos y trámites”. Así, un emprendedor ecuatoriano destina 666 horas al año para cumplir sus obligaciones tributarias, casi el triple del tiempo calculado en Colombia y en Perú para esas mismas tareas.

También la vida cotidiana de quienes vivimos en Ecuador está torturada por continuos reclamos de la administración, que convierten tareas sencillas, como la matriculación de un vehículo, en una sumatoria de enredos y recolección de documentos que, además, implican un abusivo desembolso económico.

Ciertamente se ha avanzado mucho, pero es que el punto de partida era sencillamente catastrófico. Aún hoy, trámites que se limitan a la entrega y correspondiente recibo de documentos pueden durar horas, cuando el sentido común hace pensar que bastarían escasos minutos, si se adoptaran protocolos racionales y si los funcionarios estuvieran mejor capacitados.

Si un extranjero padece el robo de su cédula de ciudadanía, para reponerla debe afrontar un calvario que, sin dificultad, se prolongará durante medio año y reclamará el acopio de una documentación que ya obraba en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que, sin embargo, vuelve a solicitarla.

Si al robo de la cédula se suma el de la licencia de conducir, el purgatorio va camino de convertirse en infierno, porque, para obtener una nueva licencia se requiere exhibir la cédula, sin que baste este documento debidamente notarizado. La pescadilla se muerde la cola y el desafortunado que fue víctima del robo de su documentación se adentra en un círculo vicioso sin salida posible.

El número de ejemplos demenciales podría multiplicarse hasta el infinito. Pero me remitiré al espectáculo circense que afectó el pasado 6 de marzo a miles de profesores de universidades públicas, quienes, en su condición de servidores públicos, y para dar cumplimiento a una de las resoluciones derivadas de la consulta popular del pasado mes de febrero, debían entregar una declaración jurada de no poseer bienes en paraísos fiscales. Lo simpático del caso es que los docentes de algunas universidades fueron notificados a las 3 de la tarde, con la advertencia de que, en el caso de no haber registrado esa circunstancia ante notario antes de las 5 de la tarde, serían separados de sus cargos. Ciertamente, esa disposición constaba ya en el Registro Oficial de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero de 2017, pero fallaron todos los mecanismos para socializarla entre los afectados.

Fue todo un ejercicio de terrorismo psicológico, sembrado de rumores, que alarmó a muchos miles de docentes y supuso la pérdida de decenas de miles de horas de trabajo. Sólo los notarios hicieron su agosto. Lo paradójico de esa jornada paranoica fue el aviso tardío del Ministerio de Trabajo de que ese requerimiento sólo afectaba a los profesores incorporados a sus puestos después de septiembre de 2017.

Resulta difícil creer en la eficacia práctica de una medida como ésta, que sólo posee un valor cosmético y que en absoluto contribuirá a rebajar los elevadísimos niveles de corrupción que padece el país. Cuesta trabajo no tomarse a broma la hipótesis de que docentes con unos salarios que oscilan en su mayoría entre los 1.000 y los 3.000 dólares sean evasores fiscales en potencia y expertos en la imposición de capitales en paraísos fiscales. Si ésa es una de las líneas de la estrategia que va a seguirse para acabar con la corrupción, desde aquí auguro un fracaso completo, porque no se logra matar moscas a cañonazos.

Cuando redacto estas líneas, nadie desde las instancias del Gobierno ha ofrecido una disculpa. Y es lógico que sea así, porque, al imperar una cultura que convierte al ciudadano en borrego, simple cabeza de ganado, los detentatarios del poder actúan a su arbitrio y capricho.

Algunos no perdemos la confianza de que el actual Gobierno vaya enderezando una situación intolerable, que premia la ineficiencia cuando ésta va asociada a la obediencia rendida, y castiga la libre expresión cuando ésta es calificada de contestataria. Pero también es cierto que la esperanza es lo último que se pierde.

Un pensamiento en “Manuel Ferrer Muñoz. En el Reino de los Papeles

  1. No he encontrado una mejor definición de burocracia. Felicitaciones!
    Hago votos porque el país entero reciba un baño de cordura.

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