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Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades


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Manuel Ferrer. Colombia, ¿hacia ninguna parte?

“¿Cómo se sostiene una sociedad en la que todos saben que prácticamente nada funciona? Desde los teléfonos públicos que no sirven para hacer llamadas hasta los puentes que no sirven para ser usados y los funcionarios públicos que no sirven para atender a las personas y las fuerzas armadas que no sirven para defender la vida de los ciudadanos y los jueces que no sirven para juzgar y los gobiernos que no sirven para gobernar y las leyes que no sirven para ser obedecidas, el espectáculo que brindaría Colombia a un hipotético observador bienintencionado y sensato sería divertido si no fuera por el charco de sangre en que reposa” (Ospina, William, ¿Dónde está la franja amarilla?, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1997, p. 14).

Este amargo retrato, trazado en 1997, intenta caracterizar a la sociedad colombiana de fines del siglo XX, sumida en el pozo de la pobreza, la corrupción, el imperio de los cárteles de la droga, la violencia guerrillera, la desmoralización en todos los órdenes de la vida ciudadana.

Desde entonces hasta hoy, transcurridos más de veinticinco años, algunas de las sombras de ese cuadro se han aclarado. Pero prevalecen las razones de fondo que movieron a Ospina a dibujar un panorama tan tremendo.

Las guerras civiles que se sucedieron desde la independencia de Colombia, continuadas por los conflictos de las guerrillas, nunca terminaron con el hallazgo de un espacio común de convivencia. Los privilegios de la vieja sociedad modelada durante los siglos de dominación española nunca se extinguieron, sólo cambiaron de depositarios; y la proclamada igualdad ante la ley nunca ha dejado de ser –como mucho- una bienintencionada y tímida aspiración utópica traicionada por un cúmulo inconmensurable de corrupción rampante.

El materialismo práctico de las sociedades occidentales capitalistas del siglo XX –sociedades opulentas, que sustituyeron la trascendencia por la comodidad- echó raíces profundas en Colombia y contribuyó a agrandar las diferencias entre quienes viven en la prodigalidad más insultante y quienes de todo carecen y codician abierta o discretamente las riquezas ajenas.

El culto al cuerpo convirtió a muchas de las mujeres colombianas en carne de quirófano en obsesiva busca de medidas ideales, de pechos descomunales, de rostros de princesas. A las niñas se les ha robado la infancia con los ridículos concursos de belleza en las escuelas, alentando neciamente su ingenuo afán de preadolescentes que las impulsa a vestir y comportarse como señoritas que no aún son. Y los jovencitos se miran en el espejo de artistas, cantantes, pandilleros o narcos: encantados de haberse conocido a sí mismos, carentes de seso y abotargados en su intelecto por una estupidez que, si no es congénita, ha sido adquirida con meritorio esfuerzo.

La indiferencia por lo que no nos atañe de modo directo nos impide fijar la vista en las necesidades de quienes se cruzan en nuestro camino. No tenemos ojos para los pobres ni para los viejos ni para los niños pequeños ni para los feos. El endurecimiento del corazón se traduce en las miradas endurecidas, incapaces de percibir la emoción que causa la inocencia de los niños de pocos meses. Sólo miramos alrededor para asegurarnos de que nadie nos sigue con intención de asaltarnos o para contemplar con descaro a una mujer bonita o un carro lujoso, que igual da: hasta esos extremos se ha cosificado a la mujer.

Muchos de los que piden una limosna y son rechazados, aun con buenas maneras, envuelven al otro en una mirada de odio y no escamotean maldiciones en voz baja o no tan baja. Se retiran babeando insultos mientras componen la cara para la siguiente representación que, casi con certeza, terminará como la anterior con injurias proferidas sotto voce.

Las calles de muchas ciudades de Colombia son testigos de cruces de insultos, cuando no de golpes entre automovilistas o peatones o entre unos y otros. Quedaron relegadas al olvido las normas de urbanidad que aprendimos de nuestros abuelos, porque en la selva urbana no hay espacio para el respeto ni la cortesía.

Y después de este listado de desafueros y calamidades, ¿debe extrañar que muchos conciudadanos pensaran en espacios geográficos lejanos para escapar de la pobreza, la opresión, el miedo, la prepotencia de los que mandan olvidados de su condición de servidores públicos? Urge, pues, movilizar las reservas de la conciencia cívica y auspiciar programas que recuperen lo que quizá fue Colombia en otro tiempo, o propicien un futuro que corte amarras con un pasado envilecido. En esa tarea de gigantes, la educación cumple un papel fundamental; pero lo grave es que los primeros educadores son los padres. ¿Y están capacitados los padres colombianos para anteponer los valores a sus comodidades?


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Simón Rubiños Cea. Chile a un año de gobierno de Gabriel Boric

  • Este 11 de marzo se cumple el primer año de Gabriel Boric Font en la Presidencia de Chile, lugar al que llegó tras obtener el 55,9 % de los votos en el balotaje, venciendo a José Antonio Kast (44,1 %).
  • El Gabinete, predominantemente joven y femenino, se distribuyó mediante anillos de confianza entre Apruebo Dignidad, coalición compuesta por el Frente Amplio, Partido Comunista, Acción Humanista y Frente Regionalista Verde Social (FRVS); y el Socialismo Democrático, coalición de los partidos de la ex Concertación integrada por los partidos Socialista (PS), Por la Democracia (PPD), Radical (PR), Liberal (PL) y el movimiento Nuevo Trato.
  • En Cámara de Diputados/as el oficialismo logró 64 de 155 escaños, y la oposición 70. Los 21 restantes correspondían a independientes y partidos fuera de pacto cuya posición varía, pero han tendido hacia el equilibrio de fuerzas. Y en el Senado 18 de 50 escaños son oficialistas, mientras que la oposición tiene 25. Los restantes 7 se encuentran fuera de pacto y, al igual que en la Cámara, tienden a equilibrar las fuerzas del Senado.

Principales hitos y desafíos del Gobierno

  • Boric llegó con un apoyo amplio con el cual materializar los cambios demandados por parte de la población. Desde su llegada se han presentado proyectos para fomentar la red ferroviaria y alivios en salud; en materia ambiental ha logrado introducirse en la agenda regional contra el cambio climático y en el terreno laboral ha avanzado en el proyecto de jornada laboral de 40 horas. En relaciones exteriores ha estrechado lazos con Gobiernos de la región y participado en espacios económicos globales, entre otros.
  • Hay dos aspectos en los que el Gobierno ha mostrado un manejo adecuado, a pesar de haber sido criticados por los medios:
    • En materia económica, se han promovido medidas para aliviar el impacto de la inflación en la canasta básica y se han dado apoyos a pequeñas y medianas empresas. En materia fiscal, las medidas adoptadas redujeron en un 23,1 % del gasto real en 2022 y limitado la deuda bruta al 37,5 % respecto al PIB. Con esto se ha restablecido la confianza inversora, logrando la inversión extranjera directa más alta desde 2015. Queda como desafío lograr una agenda que permita continuar el desempeño y se incremente la transparencia respecto a la deuda pública.
    • Otro foco complejo ha sido la delincuencia y la sensación de inseguridad. Al respecto, el Gobierno ha materializado avances como, por ejemplo, la disminución de cantidad de hogares víctimas de delitos y se redujo la violencia rural en la Araucanía. A su vez, se anunció una política nacional contra el crimen organizado y la creación del Ministerio de Seguridad.
  • Pero, a pesar del apoyo con el que llegó, las encuestas han mostrado un bajo desempeño respecto a la aprobación del Gobierno. En la última encuesta CADEM (marzo) mostró un 35 % de aprobación, su mejor resultado tras el plebiscito. Entre los factores que han afectado su imagen, se pueden considerar los siguientes:
    • Tras la posesión, se presentaron algunos errores comunicacionales que afectaron la legitimidad del Gobierno. Entre estos se encuentran acusaciones falsas hacia el Gobierno anterior por parte de la entonces ministra del Interior y debilidad en anuncios de medidas.
    • En diciembre, en cumplimiento de su promesa electoral, Boric indultó a un grupo de personas capturadas durante el estallido social, pero algunas tenían antecedentes, lo cual desató una crisis que –junto a las dificultades para nominar al fiscal nacional– llevaron al reemplazo de la ministra de Justicia y a la ruptura de la Mesa de Seguridad con la oposición.
    • Finalmente, el rechazo en el Congreso a la reforma tributaria, lo cual deja sin financiamiento buena parte del paquete de transformaciones que busca promover el Gobierno. La alternativa es elaborar un paquete de reformas que incluya la rechazada e intentar alcanzar un gran acuerdo político que permita su discusión.

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Alberto Valencia Gutiérrez. La encrucijada de Colombia

Muchos ciudadanos no son conscientes de lo que está sucediendo en este momento en la vida del país y se dedican a tirar fuego desde diversas trincheras para sabotear lo que el gobierno está intentando hacer. El verdadero problema consiste en que, gústenos o no, de los resultados del gobierno de Petro depende la suerte del país en los próximos años.

Colombia se encuentra en este momento en la boca de un volcán social, cuya atención es prioritaria. El estallido social de 2021 no fue más que el preanuncio de lo que hubiera podido ocurrir si en las urnas no gana una opción por el cambio. Por lo general el mantenimiento del orden y las propuestas de cambio se consideran excluyentes. Pero la gran paradoja, que mucha gente no entiende, es que después del estallido las banderas de cambio se convirtieron en el principal baluarte de la continuidad del orden social.

Colombia es un país profundamente conservador que le tiene pánico al cambio. Las manifestaciones anti Petro de hace algunas semanas no se oponían a una u otra medida en particular, sino al conjunto indiferenciado de propuestas como un todo, al cambio puro y simple. El odio que suscita Petro es infinito: es el ‘coco’ que va a entronizar en Colombia el comunismo. Un columnista de El Tiempo lo comparaba recientemente con Trump. El rechazo no proviene propiamente de su pasado guerrillero o de su mala gestión en la alcaldía de Bogotá sino de haber denunciado en el Congreso la acción de los grupos armados ilegales (paramilitares y guerrilleros). En un país atravesado por una mentalidad mafiosa, explícita o implícita, para muchos esto es un pecado imperdonable.

Nadie desconoce los errores de la actual administración: la falta de comunicación con los ciudadanos, la incoherencia entre diferentes voceros gubernamentales, la disputa de funcionarios que proponen reformas sin coordinación previa, la intolerancia frente a los que disienten. La personalidad provocadora del Presidente lo lleva a lanzar ideas por doquier sin tener en cuenta de manera suficiente las realidades políticas o su viabilidad: la transición energética, el tren (antes era un puente) entre Chocó y Urabá, entre otras.

Sin embargo, al asumir la bandera del cambio, Petro está impulsando desde la Presidencia la labor que gobiernos liberales de los últimos años, aun teniendo la posibilidad, no quisieron (o no pudieron) llevar a cabo: transformaciones fundamentales en contravía de ciertos grupos extremadamente conservadores, indispensables para que este país garantice su continuidad sin desfondarse. Los sectores más privilegiados se sienten amenazados, pero no se dan cuenta de que el ‘efecto imprevisto’ de lo que está haciendo Petro es promover algunos cambios para que sus privilegios se mantengan.

Petro realmente no es un gobernante de izquierda radical. Es un socialdemócrata, un liberal reformista progresista como ya hubo varios en el Siglo XX (los Lleras, Belisario, Barco). Su gran referente histórico es Alfonso López Pumarejo (1934-1938), el gran oligarca que tuvo la osadía de enfrentar a los sectores más conservadores con reformas modernizadoras, que eran absolutamente indispensables en ese momento: la separación de la Iglesia y el Estado, la reforma agraria, la legislación laboral, etc. Su labor causó conmoción en el país y la violencia bipartidista fue en gran medida una reacción ultra conservadora al proceso de secularización propuesto por el presidente López.

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Invitación a participar

En tres recientes publicaciones hemos recogido textos que trazan un panorama de la coyuntura política que viven algunos países americanos:

Carlos Bezerra. Los desafíos de Lula para gobernar Brasil en 2023

Carlos E. Flores. Perú, ¿una imposibilidad política?

Carmen de Carlos. Por qué Argentina no tiene solución

Os invitamos a colaborar en esta selección. Para ello basta que enviéis vuestras propuestas a la siguiente dirección de email: ferrermuma@gmail.com. Puede bastar el enlace a una publicación de libre acceso.


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Carlos Bezerra. Los desafíos de Lula para gobernar Brasil en 2023

Son exactamente veinte años los que marcan la distancia entre la primera elección de Lula en 2003 y su regreso al tercer mandato en 2023, después de sorprendentes vuelcos legales y políticos. A pesar de su gran experiencia, en este tercer mandato el presidente Lula tendrá nuevos y mayores desafíos para cumplir sus compromisos. Los desafíos surgen tanto en términos de retomar la capacidad del Estado para implementar políticas públicas como en la construcción de gobernabilidad, es decir, consolidar el apoyo político y la estabilidad para gobernar, no solo en el Parlamento, sino también con la sociedad.

Los actos golpistas con la invasión de las sedes de los tres poderes el 8 de enero no dejan dudas de que Lula tendrá al menos tres grandes desafíos para asegurar la gobernabilidad: 1) consolidar una base cohesionada en la Cámara de Diputados y el Senado, estableciendo un nuevo acuerdo en relación con las enmiendas parlamentarias; 2) restablecer el compromiso de las Fuerzas Armadas con las instituciones democráticas; 3 ) hacer frente a la extrema derecha organizada en redes, iglesias, cuarteles y calles.

Lula y sus ministros han hecho numerosas declaraciones sobre que la participación popular, ya sea directamente de los ciudadanos o a través de organizaciones, será de gran importancia en su gobierno. Y esto no solo se debe al valor democrático de la participación, sino también a la necesidad de constituir una amplia base social que apoye las políticas gubernamentales y se oponga a los movimientos antidemocráticos de extrema derecha, que, como señalamos, constituyen amenazas para la estabilidad política del gobierno y para la propia democracia brasileña.

El PT gobernó Brasil entre 2003 y 2016. Lula estuvo a cargo de la presidencia durante dos mandatos consecutivos, habiendo terminado el último con la mayor aprobación popular en la historia del país. Brasil había ganado peso y relevancia en la escena internacional, además de destacarse por el éxito de sus políticas sociales en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, Rousseff (elegida por Lula como su sucesora)  enfrentó un escenario económico más desfavorable y vio erosionada su aprobación y apoyo popular en el Congreso, con protestas populares crecientes. A esto se sumó la operación Lava Jato, que reveló escándalos de corrupción en Petrobras, la petrolera estatal. Aunque involucró a políticos de diferentes partidos, sus efectos políticos desestabilizadores se sintieron principalmente en el Partido de los Trabajadores, entonces en el gobierno.

Todo este proceso culminó con el impeachment a Dilma Rousseff en 2016 y el arresto de Luís Inácio Lula da Silva en 2018. Con Lula detenido e impedido para postularse a la presidencia, la derecha y la extrema derecha que venían creciendo desde hace algunos años en la sociedad civil y en el ámbito institucional, lograron elegir a Jair Bolsonaro para un mandato presidencial que comenzó en 2019.

El gobierno de Bolsonaro estuvo marcado por una estrategia de gobierno basada en el conflicto y la difusión de fake news, además de medidas destinadas a desmantelar las políticas públicas, reduciendo el Estado en diversas áreas. El resultado fue un profundo desmantelamiento de las políticas públicas, con el ejecutivo federal actuando en contra de los gobiernos estatales e impidiendo la existencia de acciones coordinadas. El mayor ejemplo de esto fue el caso de la pandemia de Covid-19, cuyo desempeño tardío permitió que ocurrieran muertes prevenibles. Esta desestructuración también tuvo las consecuencias del aumento del hambre, pobreza y desempleo, reducción del desempeño escolar y aumento de la deserción, aumento de la deforestación y conflictos por la tierra, aumento de civiles con armas, de violencia letal, entre muchos otros indicadores sociales negativos.

[…]

En su discurso inaugural, y en varias ocasiones durante el proceso de transición gubernamental, Lula anunció que tendrá tres grandes prioridades en el área social: 1) la lucha contra el hambre y la pobreza, con la renovación del Programa Bolsa Família y los programas de creación de empleo; 2) la mejora de los servicios de salud, con énfasis en la ampliación del Programa Farmácia Popular y el acceso a servicios especializados; 3) y la inversión en educación, con énfasis en la expansión de las escuelas de tiempo completo. Además, se destacan sus compromisos con el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, con la confrontación de las desigualdades sociales, étnicas, raciales y de género, así como la reanudación del protagonismo internacional de Brasil en el ámbito económico y ambiental.

Sin embargo, para garantizar el cumplimiento de esta agenda, además de reconstruir la maquinaria estatal, que fue desestructurada en su capacidad de supervisión y ejecución, Lula tendrá que garantizar la estabilidad económica y política. Para ello, además de asegurar la cohesión de su base aliada en el parlamento, y ampliar su apoyo con los sectores económicos y sociales organizados, Lula tendrá que actuar con fuerza para neutralizar y mitigar posibles acciones disruptivas de sus opositores más extremistas y contrarios a los valores democráticos. A continuación, detallamos tres grandes retos para la gobernabilidad.

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Mariana Rosetti, Letrados de la independencia: Polémicas y discursos formadores, Buenos Aires, CLACSO, 2023

Rosetti, Mariana, Letrados de la independencia: Polémicas y discursos formadores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO, 2023

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Una vez caído el orden monárquico, casi naturalmente caerían en manos de la élite letrada no solo la gestión del poder estatal (la cual se encontraba ya bajo su cargo desde tiempo atrás), sino el diseño mismo del nuevo orden político. Esta tarea se revelaría más compleja de lo previsto y presentaría pluralidad de aristas y variedad de desafíos. Esa élite letrada ahora a cargo del diseño y gestión de esa nueva realidad no podría eludir la tarea también de reflexionar acerca de su propio lugar en ella, los alcances y limitaciones de su propia existencia social, los fundamentos de su legitimidad en tanto que depositarios “naturales” del poder político.

Los desafíos a los que estos letrados formados en las universidades coloniales se verán confrontados no les serán en absoluto sencillos de abordar y demandarán de su parte un considerable esfuerzo, no solo intelectual, ya que deberían pensar su realidad social y política al mismo tiempo que colaborar a construirla materialmente con su accionar.

Mariana Rosetti se propone analizar cómo se configura ese espacio particular en que se situara ese grupo letrado: esa incipiente “esfera pública” que surge en las postrimerías del orden colonial no se articulará como un ámbito homogéneo, sino que coexistirán en ella diversidad de proyectos y perspectivas.

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Carlos E. Flores. Perú, ¿una imposibilidad política?

El 7 de marzo se cumplieron tres meses desde que el expresidente Pedro Castillo dispuso disolver temporalmente el Congreso (Poder Legislativo) e instaurar un gobierno de emergencia nacional con la idea de convocar a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva carta magna en un plazo no mayor de nueve meses. La sorpresiva decisión, anunciada en un mensaje a la nación, llegó a horas de iniciarse el debate de su tercera moción de vacancia planteada por el Legislativo. Sin embargo, esto produjo una reacción generalizada en todo el arco político ideológico para condenar al expresidente y sirvió, además, como el pretexto preciso que permitió a las bancadas políticas opositoras deshacerse de Castillo y “recuperar la democracia” —un relato desestabilizador, golpista, que el Congreso manejó desde el primer día de gobierno, barajando todos los frentes posibles para tumbarse al profesor rural cajamarquino.

Tras el movimiento político realizado por Castillo el 7 de diciembre del 2022 (#7D), el Congreso adelantó la sesión del Pleno para votar por la vacancia presidencial, obteniendo 101 votos a favor de 130 legisladores en total —se requerían dos tercios de votación, una mayoría calificada de 87 parlamentarios. El acto contó con el voto clave de 16 legisladores oficialistas que terminaron por inclinar la balanza contra Castillo y dieron paso a la destitución.

Desde entonces, el Perú entró en una dinámica de protesta social que cuenta con más de medio centenar de personas asesinadas en episodios de represión registrados, sobre todo, en el sur del país —algo que ha merecido la atención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los derechos Humanos (CIDH). Con este escenario, el Perú del Bicentenario abrió un nuevo tiempo de vida republicana con la emergencia y presencia de ese actor sociopolítico olvidado o —lo que sería más propio decir— no reconocido largamente en la esfera pública y política tradicionalmente limeña: una población andina que lleva sobre sus espaldas la pobreza y la pobreza extrema como una carga identitaria impuesta producto de las desigualdades económicas. Se trata de ese sur peruano que hace más de cuarenta años vio surgir una de las más dolorosas manifestaciones de la violencia política y conflicto interno con Sendero Luminoso y que, con el correr de los convulsos años ochenta del siglo pasado, motivó la llegada del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

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Carmen de Carlos. Por qué Argentina no tiene solución

En la Casa Rosada se quedaron de piedra cuando la selección nacional de fútbol y campeona del Mundial, rechazó, en su vuelta triunfal, hacer una visita a Alberto y Cristina Fernández. El Gobierno presionó hasta límites que deberían ser impropios para un Ejecutivo. La albiceleste decidió someter la decisión a votación y únicamente un jugador lo hizo a favor de ir a hacerse una foto, ominosa para Leonel Messi, con el presidente y la vicepresidenta (más los que se habrían apuntado a la fiesta).

El mejor jugador del mundo no perdonaba que los 32 respiradores que había donado en plena pandemia se quedaran, más de dos años, bloqueados en la Aduana mientras los argentinos se morían por miles. La burocracia deliberada evitó salvar muchas vidas. Messi había pagado hasta el avión que los transportaba para evitar más muertes.

Incomprensible para los que viven fuera y dentro de Argentina, el episodio, con resultado criminal, recuerda otros recientes que el término surrealista les viene como un guante.

El centro cultural ArtHaus, abierto en la calle de Bartolomé Mitre a la altura de Reconquista, fue iniciativa privada del empresario y coleccionista Andres Buhar. Este espacio, no por casualidad, está a la vuelta de la catedral donde el Papa Francisco oficiaba misa como arzobispo de Buenos Aires. Su titular lleva esperando año y medio a que le aprueben la solicitud de importación de luminarias teatrales. Dicho de otro modo, las bombillas de calidad que se hacen fuera porque las de dentro son de apaga y vámonos.

Buhar es un rara avis al que se le ocurrió invertir y apostar en Argentina cuando la estampida del dinero, de los de dentro y de los de fuera, es general. Brasil y Uruguay se benefician y abren los brazos a los inversores y a los ciudadanos que no quieren vivir más en un país donde la seguridad, física y jurídica, es un espejismo. La última encuesta de D’Alessio Irol, difundida por Contexto Político de Infomedia, advierte que la mayor preocupación del 72 % de los argentinos es esa, la inseguridad.

En 2002 una imagen de la provincia de Tucumán de unos pequeños en los huesos, sacudió las conciencias de medio mundo. Los chicos parecían más de Biafra (era lo que estaba de moda entonces) que del país que presumía de ser, todavía, algo parecido al granero del mundo y de tener una cabaña de ganado para alimentar a medio continente. La grabación de un hormiguero humano «carneando» (descuartizando) a un caballo, tras volcar el camión en el que lo trasladaban para llevárselo como alimento, terminó de ofrecer una imagen miserable de Argentina.

The Washington Post le bastó con publicar la primera imagen junto a una crónica de su corresponsal de entonces, Anthony Faiola, para que sus lectores, conmovidos, llenaran un contenedor con alimentos, ropa y los enseres habituales que se llevan ante cualquier catástrofe. Pasaban las semanas y el contenedor que había llegado al puerto de Buenos Aires no se movía. Faiola se desesperaba porque había visto y sabía que los niños desnutridos se seguían muriendo de hambre.

Mario Das Neves estaba al frente de la Aduana cuando el periodista del Washington Post denunció las trabas que ponía para sacar la carga que podía paliar la hambruna de la gente. Pendenciero y poco amigo de los Estados Unidos Das Neves convocó al periodista a su despacho.

El jefe de la Aduana lo preparó con cámaras para grabar todo, como si fuera un estudio de televisión y trató a Faiola, desde que entró por la puerta, como si mereciera el patíbulo y no el agradecimiento y a Estados Unidos, «el imperio», se refirió con términos insultantes.

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